El congresista Carlos Anderson Ramirez, presentó el proyecto de ley que modifica la Ley 27867 orgánica de gobiernos regionales a fin de fortalecer la fiscalización a los gobiernos regionales.

La modificación del artículo 75 respecto a fiscalización tendría el siguiente texto: a. Fiscalización El Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a la ley y al Reglamento del Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional señalados en la presente Ley. “Trimestralmente, el gobernador regional sustenta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, los avances y/o resultados de la ejecución del presupuesto público que se le asignó, así como los logros alcanzados hasta ese momento”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Anderson, señala que, el principal problema de la gestión pública de nuestro país es la corrupción ya que en las 24 regiones del país y en la provincia constitucional del Callao se han registrado diversos casos de corrupción que involucran a los gobernadores regionales. Es así que, durante el año 2020, la corrupción en inversión pública alcanzó el 15% en los Gobiernos Regionales, lo que se traduce en más de 5 mil millones de soles perdidos en perjuicio de todos los ciudadanos

El proyecto refiere que los funcionarios púbicos, aprovechándose del cargo que ostentan, administran los bienes y recursos públicos con la finalidad de satisfacer sus propios intereses, en perjuicio del Estado peruano. Agrega que un reporte elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al mes de mayo de 2018, son 4,225 casos de presunta corrupción registrados en su base de datos que se encuentran en diversas regiones de nuestro país, de los cuales 239 tienen la categoría de casos emblemáticos

La mayoría de investigaciones en las que están involucrados los gobernadores regionales, son con relación a los delitos de colusión con el 38% y peculado con el 17%, seguido de negociación incompatible con el 15%, malversación con el 10% y cohecho con el 6%.

El congresista Anderson, plantea por tanto una modificación en el artículo 75 de la ley orgánica de gobiernos regionales y trimestralmente, el gobernador regional sustente ante el Congreso de la República, los resultados de la ejecución del presupuesto público que se le asignó, así como los logros alcanzados hasta ese momento. En estas presentaciones ante la Comisión de Presupuesto del Congreso se puedan advertir las acciones realizadas por parte de los Gobiernos Regionales respecto al uso correcto y eficiente del presupuesto público, en beneficio de la población.