CLACSO

El control social tiene múltiples definiciones. En resumen, es una forma de participación ciudadana, organizada o individual que permite a los individuos y a las organizaciones de la sociedad influir, orientar, corregir y rectificar las decisiones, el manejo de recursos y los programas públicos del Estado. El objetivo es contribuir al logro de los objetivos propuestos en las políticas públicas, con eficiencia y transparencia en una prestación equitativa de los servicios.

Otra definición señala que el control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad. El control social no es más que un conjunto de medidas, una serie de normas o reglas explícitas e implícitas, cuyo fin es mantener el orden social o el orden de la sociedad.

Podríamos resumir entonces que el Control Social, es cuando como ciudadanos o integrantes de instituciones u asociaciones o colegios profesionales, exigimos que se cumplan y respeten el conjunto de reglas, normas, valores y costumbres en nuestro Estado y Sociedad para permitir la coexistencia entre los diferentes grupos de una jurisdicción territorial para que la convivencia sea pacífica y armónica.

Los medios de comunicación y los periodistas pueden ser referentes en su comunidad con sus expresiones ya que forman corrientes de opinión e influyen positiva o negativamente en su jurisdicción. El periodista cuando cuestiona y sustenta con argumentos técnicos y jurídicos, no solo debe limitarse señalar los errores e ilegalidades de una norma aprobada o una política pública inconsistente por una entidad pública, sino también debe proponer soluciones al problema que cuestiona.

Puede afirmarse que hay un control social formal y control social informal. Control formal, cuando, por ejemplo, un colegio profesional cuestiona una ley aprobada por el Congreso o contra un Consejo Regional o Consejo Municipal cuando consideran que una ordenanza no tiene consistencia jurídica ni técnica. En este caso si lo hace una orden profesional, estamos ante el control social formal, ya que un colegio profesional tiene personería jurídica propia y sale en defensa de sus colegiados, pero también de la sociedad civil, cuando un poder público aprueba normas legales controvertidas.

Un ejemplo de control social informal, puede darse, por ejemplo, cuando los dueños de las bodegas de barrio no compran el pan que les distribuyen los panaderos, porque todos ellos han concertado sus precios no permitiendo una competencia a favor de los clientes de las tiendas de barrio, por lo que sus dirigentes deciden denunciar ante el INDECOPI a los representantes de los panaderos. Los bodegueros son pequeños empresarios que no necesariamente estan organizados jurídicamente, pero tienen intereses en común, por tanto, cuando un proveedor concerta sus precios, los tienderos pueden defender sus intereses formalizando sus denuncias ante las entidades estatales especializadas.

Definidos tanto el control social formal y el control social informal, cabe preguntarnos autocríticamente si ejercemos ese derecho con frecuencia o simplemente somos observadores pasivos.

Voy a poner algunos ejemplos concretos para comprender la importancia del control social que casi no lo ejercemos por diversas razones. La CGTP tiene un representante en el directorio de ESSALUD a nivel nacional que cobra buenas dietas mensualmente y en Arequipa su base es la FDTA. ¿Alguna vez el Secretario General, José Chapa, ha exigido a la gerencia regional de ESSALUD que optimice los servicios a los asegurados y el dirigente sindical arequipeño visita los nosocomios para conversar con los pacientes y traslada esa queja al representante de la CGTP?

El Proyecto Majes II es el más costoso entre todas las obras publicas en la región Arequipa y avanza a paso de tortuga y con múltiples cuestionamientos por las múltiples adendas en los últimos años. ¿Alguna vez el CONREDE que representa a todos los Colegios Profesionales de Arequipa ha revisado todo el expediente de Majes II para verificar si este proyecto justifica su enorme costo y si hay cumplimiento o incumplimiento de la concesionaria y del gobierno regional de Arequipa o se han quedado callados institucionalmente como si dicha institución no existiese?

El transporte público es uno de los problemas más graves que tenemos en Arequipa que cada década se agudiza, ya que el SIT no ha avanzado como estaba planificado ni el Proyecto de Tranvia Eléctrico ha merecido una evaluación técnica para ver si dicha iniciativa será exitosa si en los próximos años si acaso se concreta. ¿Las universidades de Arequipa que tienen los mejores profesionales en diversas especialidades no tienen la obligación por responsabilidad social universitaria de alcanzar una propuesta técnica y viable de transporte público a la Municipalidad Provincial para superar este problema no resuelto en las ultima décadas?

Acaban de instalarse las nuevas autoridades regionales y municipales, cuyos titulares ya han designado a sus funcionarios y no han publicado en sus portales web digitales ni el curriculum, ni la trayectoria ni la experiencia de los designados como gerentes, directores o jefes, para hacer un seguimiento de ellos, pese a que hay esa obligación legal. ¿Alguna asociación, organización u colectivo social se dará ese trabajo de escudriñar el curriculum de todos los designados por la autoridad regional y municipal o tendremos que esperar el informe de Contraloria y SERVIR en las próximas semanas?

En Colombia, hace más de una década atrás, cuando dicho país era gobernado por el presidente derechista Uribe, y combatió frontalmente a las guerrillas, esa decisión dividió dicha sociedad. Los conservadores apoyaban totalmente dicha medida, pero los progresistas pedían que se les combata, pero sin violar los derechos humanos y se respete el debido proceso a los detenidos. Un sector de la sociedad observaba como los medios capitalinos colombianos apoyaban mayoritariamente a Uribe incumpliendo las televisoras y diarios su deben de neutralidad e independencia frente al poder político. Como protesta civil, surgió la campaña ciudadana que creció gradualmente de poner en cada ventana y puerta de las casas de colombianos un letrero con el siguiente lema: “No veo televisión ni leo diarios por dignidad nacional ni decoro familiar”.

Esa campaña creció rápido que, en menos de un mes, obligó a los canales y diarios a cambiar su línea editorial gobiernista porque al reducir de sintonía en el rating, perdían sus anunciantes publicitarios e ingresos económicos que son indispensables en cualquier medio de comunicación. ¿Alguna organización de la sociedad civil peruana retomará esa iniciativa ante la televisión y prensa concentrada limeña con ligeras excepciones para hacerles ver el descontento social del interior del país poniendo en evidencia el poder informal del control social a un poder factico y poderoso como son los medios de comunicación de Lima?

Finalmente, otro ejemplo de control social informal, son las movilizaciones ciudadanas en todo el país y las marchas a Lima de parte de decenas de organizaciones de la sociedad civil que no forman parte del aparato estatal. No tienen una cabeza visible que conduzca las movilizaciones, pero si tienen claras sus demandas que podría resumirse en tres: la renuncia de Boluarte, elecciones generales 2023 y convocatoria un referéndum nacional para que los peruanos seamos consultados en las ánforas si queremos o no una Asamblea Constituyente que diseñe una nueva Constitución. En síntesis, el control social formal e informal es necesario para evitar los abusos de los poderes publicos y de los poderes facticos en el Perú contra los ciudadanos.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.