Caretas

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, presentó el martes 20 una denuncia penal por delito de genocidio y homicidio calificado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Pedro Angulo, el ex ministro de Defensa, Luis Otárola, el ex ministro del Interior, Cesar Cardenas, contra el Jefe de la Región Policial de Ayacucho, Antero Mejia Escajadillo, y contra el Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza.

Palacios en su denuncia penal afirma que en el país existe una violación de derechos humanos estipulado en el 108 del Código Procesal Penal donde han fallecido más de 20 producto de la declaratoria del estado de emergencia en las protestas sociales en la última semana, por lo que como congresista, recurre a la justicia internacional ya que las violaciones a los derechos humanos con la muerte de personas que se manifestaban fue avalada en una reunión de junta de gobierno que presidio la Jefa de Estado.

Palacios señala que, en una reunión sostenida en el Consejo de Estado en palacio de gobierno, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, al hacer uso de la palabra en dicha reunión se alienaron a las políticas y directivas establecidas por Dina Boluarte, concertación inaceptable entre la presidenta Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia estatal lo que impide que haya imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados de violación de derechos humanos contra la poblacion civil, por lo que demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actué de inmediato y sancione a los responsables.

La congresista Palacios remarca que en dicha reunión del Consejo de Estado participó el presidente del Congreso Nacional, José Williams, y el representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dándole dichas autoridades estatales que asistieron a dicha reunión un carácter deliberante que la Constitucion Politica prohíbe a los institutos armados, por lo que demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actué con celeridad en salvaguarda de los derechos humanos de los peruanos.