Los Congresistas de izquierda, Alex Flores Ramirez, Sigrid Bazán y Guido Bellido, con diversos argumentos el 15 y 16 de diciembre, han presentados tres mociones para que el Congreso apruebe la creacion de una comisión investigadora para que indague y encuentre a los responsables del asesinato a más de una veintena de ciudadanos producto de las protestas sociales desde el 7 de diciembre en diversos departamentos del país.

Este elevado número de víctimas en democracia, nunca se ha dado en un gobierno democrático desde 1980 hasta el 2022, salvo en el gobierno corrupto fujimorista cuando combatió al terrorismo y en el primer gobierno de Garcia en los penales cuando los senderistas se rebelaron al poder civil. Por eso, Dina Boluarte, pasará a la historia políticamente hablando, como la presidenta involucrada en violación de derechos humanos por responsabilidad política y la única salida que tiene para bajar la tensión social, según mi opinión, es renunciar irrevocablemente a su cargo. Otra razón para que Boluarte renuncie, es que hace un año atrás en actos publicos, prometió renunciar si vacaban de su cargo a Castillo, lo que no lo hizo, lo que evidencia su falta de coherencia y ética púbica, perdiendo autoridad moral ante el país, por lo que dio nacimiento a su nuevo gobierno sin legitimidad socia que hoy se lo enrostran los que protestan en calles y plazas públicas.

Si la renuncia de Boluarte se concreta, por sucesión constitucional, asumirá la presidencia el presidente del Congreso, José Williams, que no será aceptado por la opinión pública, ya que, desde el parlamento, se dejó arrinconar por la extrema derecha para vacar a Castillo, con la explosión social que hoy todos apreciamos en el país.

Williams y sus tres vicepresidentes, tendrían que renunciar a la presidencia del Congreso y llamar a elecciones de la nueva mesa directiva donde deberia ser elegido como presidente un congresista no comprometido ni con el gobierno de Castillo, ni mucho menos con la oposición extremista de la derecha para asumir la presidencia de la república y conducir la transición democrática para no dejar acéfalo el poder ejecutivo. El restante Congreso paralelamente deberia aprobar con celeridad las reformas constitucionales, políticas y legales para que las nuevas elecciones se concreten el año 2023. Ese escenario podría darse y calmar la ira popular, salvo que las masas insistan que “se vayan todos” para renovar totalmente todo, lo que nos colocaría al borde de la anarquía nacional que debemos evitar.

Otro escenario sería que Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo, insista en su proyecto de adelantar elecciones el 2023 con una cuestión de confianza, poniendo contra la pared al Congreso y la extrema derecha que se ha negado a aprobar el proyecto presentado y prefieren que el país se siga desangrando. ¿Angulo en representación del gobierno de Boluarte presentará esa cuestión de confianza ante el parlamento? Veremos que sucede en los próximos días para salir de la profunda crisis política que por primera vez pasamos los peruanos en plena democracia.

Otro gesto de humanidad y perdón a los caídos a nombre de la nación que deberia aprobar el gobierno de Boluarte es un decreto o resolución con un bono excepcional en favor de los familiares de los fallecidos en las protestas sociales como gesto humanitario y de solidaridad para paliar su dolor, al margen de las reparaciones que en su momento determinará el poder judicial en sentencias donde se encuentren a los responsables de estas masacres civiles.

Me voy a centrar ahora en el tema de la creación de una comisión investigadora que han solicitado tres congresistas. Será ahora el Congreso quien tendrá la última palabra, en su próxima sesión plenaria ya que tienen en sus manos una papa caliente. Ellos definirán si admiten o rechazan las tres mociones presentadas ante la representación nacional. Por mandato constitucional, el Congreso puede formar comisiones investigadoras sobre cualquier tema de interes público, con mayor si hubo violaciones a los derechos humanos y consiguientes muertes a nivel nacional en las protestas sociales cuya masacre no puede quedar en el olvido.

Negarse a investigar esas muertes a nivel nacional, “auto castraría” y deslegitimaría totalmente al parlamento de su rol de control político ante el pueblo peruano. Podrían ser acusados de promover la impunidad que sanciona la legislación penal y los tratados internacionales de derechos internacionales que el Estado a través del Congreso tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables.

Nuestro Estado y sus instituciones armadas y policiales, tienen la obligación de cautelar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, pero no puede abusar del uso de las armas que la nación le ha confiado para proteger a los ciudadanos que protestan pacíficamente. Si el Congreso rechaza investigar los asesinatos, cualquier ciudadano u organización humanitaria, puede acusar al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de pretender dejar impunes los delitos), quienes luego de un investigación sumaria, podrían acusar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que un poder del estado peruano (parlamento), se niega a ejercer su rol de control político incurriendo en impunidad, por lo que podría condenar al Estado y ordenar el pago de reparaciones civiles a los familiares que fallecieron en las protestas sociales.

El Congreso tiene 12 bancadas parlamentarias, y de sus 130 congresistas, por lo menos la mitad forman parte del núcleo duro de la extrema derecha entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y algunos rezagos de Somos Perú, Podemos, Acción Popular y Alianza por el Progreso. Estas bancadas con seguridad, votaran en contra de la formación de las comisiones investigadoras que han presentado los congresistas izquierdistas, por cuestiones ideológicas, salvo que se presenten sorpresas en el debate parlamentario. El debate permitirá apreciar en los próximos días a los peruanos el comportamiento de todas las bancadas parlamentarias y cuáles son los intereses que defienden cada uno de ellos en los próximos días. Si ellos defienden los intereses nacionales y de los ciudadanos o defienden a las instituciones y sus cúpulas. El Estado nació para defender a los ciudadanos en derechos y deberes, pero no para que las instituciones estatales y sus autoridades abusen del derecho y violen leyes y pactos internacionales de derechos humanos.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado