Cuatro abogados de Ayacucho en representación de seis difuntos que fallecieron en las protestas sociales de esa ciudad, presentaron el jueves 15 ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Provincia de Huamanga, una denuncia penal por el delito de genocidio y homicidio calificado en contra de la presidenta, Dina Boluarte, el primer ministro, Pedro Angulo, el ministro de Defensa, Luis Otárola, el ministro del Interior, César Cervantes, el Jefe de la Macro región Policial de Ayacucho, Antero Mejía, el Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, y contra el congresista, Jorge Montoya, por instigador de los delitos denunciados.

Los abogados, Abimael Méndez, Yuri Martínez, Victor Porras y Jack Diburga, en su denuncia penal, solicitan la detención en flagrancia y la prisión efectiva de los imputados. Sostienen en la argumentación de hecho, que el 15 de diciembre se han registrado en la ciudad de Ayacucho más de siete fallecidos y más de 52 heridos graves, con alta probabilidad de muerte, todos ellos con proyectiles de arma de fuego, habiendo sido los disparos en órganos vitales directos al cuerpo, con la finalidad de desaparecer al grupo de manifestantes el cual es doloso.

Formulan por tanto ante la Fiscalía la denuncia penal por la comisión de delito de genocidio previsto en el artículo 319, y 2 del Código Penal y de manera alternativa por el delito de homicidio calificado en contexto de violación de derechos humanos, estipulado en el artículo 108 numerales 1, 3 y 4 del Código Penal.

Por separado, el congresista de Ayacucho por el grupo parlamentario de Perú Libre, Alex Flores Ramirez, presentó el viernes 16 una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, contra los ministros de Defensa, Luis Otárola y ministro del Interior, César Cervantes. Florez indica que dichos ministros han infringido los artículos 39 y 44 de la Constitución Politica y haber cometido los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, tipificados en los artículos 108 y 121 del Código Penal, por lo que solicita que el Congreso los destituya y los inhabilite para el ejercicio de la funcion publica hasta por diez años.

El congresista Flores, señala que el 15 de diciembre la poblacion ayacuchana sufrió una masacre por parte de las fuerzas del orden o terrorismo de estado, pero en conferencia de prensa el ejército y la policía a través de sus voceros, afirmaron que “ellos no reprimieron, y solo participaron en legítima defensa”. Agregan que hasta el viernes 16 se ha reportado un total de 8 fallecidos y 52 heridos en Ayacucho producto del excesivo y desproporcional uso de la fuerza pública ya que los efectivos de las fuerzas armadas y policiales dispararon a quemarropa y no han tenido reparo alguno en asesinar hermanos ayacuchanos entre estudiantes y campesinos que salieron a protestar.

El congresista agrega que estos hechos se registraron en estado de emergencia, pero el decreto legislativo 1095 faculta por medio del artículo 26 al uso de armas de fuego, pero cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas y en determinadas situaciones. Sin embargo, lo ocurrido el fatídico 15 de diciembre en Ayacucho no fue sino una masacre y un abuso de parte de los agentes estatales, quienes actuaron con la venia de sus superiores.