El Congreso tiene la obligación constitucional de respetar el debido proceso en sede parlamentaria y si el parlamentó aprobó acusar al presidente Pedro Castillo de incapacidad moral, debe remitirle al Jefe de Estado toda la documentación de los cargos que le imputan para que ejerza su derecho de defensa ante la representación parlamentaria el próximo miércoles 07 de diciembre. Si el Congreso, no le ha remitido dicha documentación detallada, como afirma el abogado del presidente Castillo, el mandatario puede presentar una acción de amparo y una medida cautelar ante el juzgado constitucional invocando afectación al debido proceso.

Así lo manifestó el abogado, Edgar Lajo Paredes, quien sostiene que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, ha señalado que el Congreso debe respetar el debido proceso en sede parlamentaria y no puede abusar en su ejercicio de control político que le faculta la Carta Magna. Lajo, refirió que años atrás el Poder Judicial declaró fundados dos acciones de amparo que interpusieron el ex presidente Alan Garcia y el ex congresista, Javier Diez Canseco, contra el Congreso Nacional, invocando justamente que el parlamento no habia respetado el debido proceso en sede parlamentaria, cuando a ambos políticos en el primer pretendían sancionarlo y en el segundo, cuando sancionaron a Diez Canseco.

El letrado sostuvo también que ningún Poder Estatal ni organismo constitucional autónomo está exento del control constitucional por parte del Poder Judicial y Tribunal Constitucional cuando ejercen abusivamente sus atribuciones constitucionales. Lajo Paredes afirmó asimismo que, si el presidente Castillo presenta en las próximas horas un amparo y medida cautelar, podría no asistir el miércoles 07 al Congreso, justificando documentadamente ante el presidente del Congreso que ha hecho uso de su derecho de recurrir al Poder Judicial por lo que no puede obligarlo a asistir al hemiciclo legislativo en tanto está en trámite una acción de amparo pendiente de resolución por el juez constitucional.

El Dr. Lajo remarcó que la moción de vacancia aprobada por el Congreso debe estar bien sustentada y fundamentada en documentos que deben ser alcanzados al mandatario nacional para que ejerza su derecho a defensa y pueda desvirtuar cada una de las imputaciones, por lo que el ejercicio del control político que tiene el parlamento no puede desconocer el derecho fundamental del debido proceso. Finalmente, el abogado, refirió que el Congreso no estaría ejerciendo responsablemente su facultad de control político que le reconoce la Constitucion y el presidente del legislativo, José Williams, es muy vacilante y no está convencido de la vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo y se está dejando presionar por la oposición parlamentaria de derecha y de la prensa concentrada de Lima.