La Defensoría del Pueblo mediante pronunciamiento demandó al Ejecutivo y Congreso de la República a evaluar la creación de una “Agencia de Seguridad Vial”, dedicada a establecer un conjunto ordenado y coherente de mecanismos de prevención de accidentes de tránsito, a nivel nacional, con el objetivo de proteger la vida de las personas o la minimización de sus efectos. La propuesta institucional, se da en el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada tercer domingo del mes de octubre.

La adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, afirmó que la agencia debería encontrarse adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde deben estar los representantes de los ministerios de Salud, Interior, Transportes, Bomberos, Superintendencia de Banca, Seguros; Administradora Fondo de Pensiones (AFP), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público (Ositran), entre otros.

Agregan que, en los próximos días remitirá al Congreso de la República una propuesta de conformación de una comisión u otro espacio de coordinación encargado de evaluar la creación e implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que convoque a representantes de todas las entidades responsables, conductoras/es, peatones y expertas/os en esta materia. Además, solicitará al Ejecutivo impulsar decididamente esta medida, que viene siendo estudiada desde hace varios años sin que a la fecha se haya podido concretar.

Recordó que el Estado está en la obligación de desarrollar un marco institucional que permita el diseño, implementación y evaluación de todas las actuaciones necesarias para lograr una verdadera seguridad vial con vías públicas preparadas para reducir el riesgo de accidentes de tránsito, establecer vehículos con parámetros mínimos de seguridad y conductoras/es capacitadas/os y conscientes de su rol en la prevención de accidentes.

Lizet Vasquez remarcó que los últimos 20 años se han producido más de 1 millón 685 mil 000 accidentes de tránsito, dejando un saldo de más de un millón de víctimas, entre personas fallecidas y heridas, ya que no es solo las pérdidas humanas sino el empobrecimiento de estas personas, la reducción del ingreso familiar, el tener que asumir gastos de salud y rehabilitación hasta en algunos casos psicológico, por lo que la gravedad de esta situación exige que las medidas destinadas a disminuir los accidentes de tránsito no deban seguir postergándose.