En el actual Congreso hay operadores de mafias y no hay bancadas parlamentarias, sino que cada congresista tiene un “kiosko”, pero también hay algunos partidos que son organizaciones criminales que tienen varios brazos que facilitan la gestión de sus intereses. Así lo afirma el abogado constitucionalista, Dr. José Villafuerte Charca, quien cuestiona a la Fiscal de la Nación por haber cambiado a una fiscal que investigaba a su hermana acusada de presuntos delitos, al tiempo de señalar que la oposición parlamentaria de derecha no tiene 87 votos para declarar la vacancia o suspensión del presidente Castillo. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

Un juez ordenó el allanamiento de oficinas y de viviendas de seis congresistas que estuvo a cargo de fiscales, así como de ex asesores de ex ministros del gobierno del presidente Castillo. Cuál es su impresión, ¿Es una decisión judicial o se está politizando la justicia?

Me da la impresión que hay dos cosas. Hay funcionarios estatales que contribuyen con el mal de la corrupción que es estructural y forma parte de la crisis moral, política, económica y ética de la sociedad peruana. En ese escenario el Poder Judicial y Ministerio Público tienen que hacer su trabajo y buscar sancionar a los culpables.

¿Usted cree que el Ministerio Público se está excediendo en sus facultades constitucionales y legales?

No se puede generalizar porque el tema es complejo. Hay buenos y malos jueces, así como los fiscales, pero también hay algunos magistrados que están articulados a organizaciones criminales y algunos fiscales que no utilizan la legislación y procedimientos para perseguir a los delincuentes. En este caso, podría darse el abuso de algunas competencias, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva ya que hay magistrados que actúan condicionados por la agenda política y mediática y ellos les ponen casos con nombres emblemáticos y se dejan ganar por la subjetividad y dan medidas cautelares para resaltar en la prensa.

¿Usted recuerda históricamente en las últimas décadas que algún juez haya ordenado el allanamiento de Palacio de Gobierno u oficinas del Congreso a petición de un fiscal como ha sucedido en el país en los últimos meses?

No, no recuerdo algún suceso similar en las últimas décadas.

¿Y eso es positivo o negativo para nuestra democracia?

Eso es negativo para la democracia de parte de los poderes públicos. Hoy se allanó las oficinas de seis congresistas. Eso significa que el partido de Acción Popular de donde proceden esos legisladores habría dejado de ser un partido con una ideología, un programa, con una organización nacional, quienes con el transcurso del tiempo esos sujetos se han convertido en un vientre de alquiler y se han convertido en politiqueros y hoy estarían en relación con gente relacionado en ilícitos en el poder ejecutivo, lo que sería censurable.

¿Para usted entonces se justifica el allanamiento ordenado por un juez y ejecutado por el fiscal en el caso de las oficinas de los congresistas?

Se justifica en tanto que hay necesidad de recabar elementos de convicción para recabar pruebas y en su momento el fiscal presentar la denuncia ante el juez y solicitar la sanción de presuntos delitos. Por información del Ministerio Público se hizo un trabajo de inteligencia y luego solicitar el allanamiento de oficinas públicas.

¿Según su criterio, no habría indicios de abuso de autoridad por parte de los fiscales que han allanado las oficinas de los congresistas?

En este caso concreto no encuentro que habría abusado de su autoridad los fiscales.

En el caso del allanamiento a Palacio de Gobierno, la defensa del presidente Castillo a través de su abogado afirmó que hubo abuso de los fiscales. ¿Comparte usted dicha afirmación?

En el caso concreto de Palacio de Gobierno, hubo dos escenarios. El primero para capturar a la cuñada del presidente Castillo que estuvo sustentado por un trabajo de inteligencia policial para ingresar al Palacio de Gobierno. Sin embargo, el abogado de Castillo salió a la prensa para victimizar al presidente de la república, ya que no se ingresó a ese recinto para sustraer la información clasificada del poder ejecutivo.

El abogado de Castillo afirmó que el allanamiento de Palacio de Gobierno por parte de los fiscales puso en riesgo la seguridad nacional. ¿Ese argumento es razonable?

No en absoluto, ya que el sistema de trabajo en Palacio de Gobierno y Contraloría, tienen sus propios espacios en su base de datos, no se ha tocado esos archivos y espacios. En el acta de intervención se detalla los actuados.

El abogado de Castillo acusó a la policía de excederse en sus funciones en Palacio de Gobierno en el allanamiento. ¿Cuáles son los límites de esas facultades policiales?

Cuando el fiscal pide autorización al juez para hacer un allanamiento, el fiscal debe precisar en su petición donde se pretende hacer el allanamiento lo que debe evaluar el juez, quien tiene que autorizar el ingreso en tal lugar y con tal objetivo. El fiscal sólo debe recabar los objetos de los sujetos incriminados y no de terceros. Los fiscales tienen que actuar con razonabilidad en cada una de sus intervenciones.

El fiscal hizo allanamiento en oficinas de congresistas para recabar más pruebas o indicios de delito. ¿Cuál será el siguiente procedimiento si recaban esas pruebas?

Ellos deben continuar investigando y cuando tenga información consistente a través de la Fiscal de la Nación solicitar el levantamiento del fuero parlamentario, ya que los congresistas tienen investidura. Eso pasa también por la actuación del Poder Judicial a través de jueces supremos.

¿En qué lapso de tiempo estima usted que habría sentencia condenatoria o absolutoria de delitos a los seis congresistas a quienes la fiscalía pretende vincularlos con casos de corrupción?

No me pida usted señalar los plazos porque hay casos complejos donde cada caso hay que estudiarlo con profundidad.

¿Si acaso el Ministerio Público encuentra pruebas para acusar a los congresistas, la decisión del Congreso para levantar el fuero de los legisladores necesariamente pasaría por la votación de mayorías o minorías o no?

En el Congreso siempre hay mayorías y minorías, pero también hay temas de interés. Antes habia partidos políticos, pero hoy son vientres de alquiler cuyos propietarios de partidos son familias enteras. Hasta la década del ochenta y noventa del siglo XX el debate político era sobre intereses económicos, políticos y sociales. Ahora no es así, hoy son operadores de mafias en su mayoría.

¿Usted cree que la sanción a los congresistas denominados “Los Niños “será recién en el año 2023?

Podría ser y eso depende como avanza la investigación. En los delitos de corrupción son delitos de probanza compleja porque ellos no dejan factura, por lo que las hipótesis de los fiscales parte de las declaraciones de colabores eficaces que deben aportar pruebas y añadir otros documentos para corrobar las denuncias de los fiscales que serán presentadas ante el poder judicial que luego será trasladado al Congreso. Por tanto, el tiempo de las investigaciones puede tomar meses y años que generalmente no es rápido.

El congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley para que no se sancione a las organizaciones políticas en casos de organizaciones criminales, pero si se individualice a las personas que cometieron delitos, pero no se sancione a las organizaciones políticas ya que se estaría conculcando el derecho a su participación política que garantiza la Constitución. ¿Tiene razón o no el congresista Cerrón?

Ese razonamiento es clásico, pero sucede que en el Perú hoy existen organizaciones criminales que tienen brazos que facilitan la gestión de sus intereses. Tienen operadores jurídicos como abogados, operadores policiales, operadores en la magistratura. También son capaces de armar organizaciones políticas para llegar al poder estatal y tomar el control y desde allí facilitar su acción criminal. La Fiscalía analiza estos temas y puede llegar a la conclusión si una organización política que llegó al poder lo hizo con una finalidad altruista o tener un aparato político para controlar el Estado y desde allí delinquir. Por eso hay algunos fiscales que sostienen que hay organizaciones políticas criminales que actúan abiertamente. Cuando una organización jurídica se pone al servicio de una organización criminal el sistema de justicia deben adoptar decisiones para que esa organización deje de existir o se le ponga límites a su gestión.

¿Qué buscaría entonces con su proyecto de ley Vladimir Cerrón?

Estaría buscando blindar a Perú Libre. En el Congreso no tenemos partidos políticos, sino a operadores de mafias y han ingresado al parlamento a través de organizaciones políticas, pero también al poder ejecutivo, gobiernos regionales y municipales lo que es peligroso.

La Fiscal de la Nación ha sido denunciada ante la Junta Nacional de Justicia y acaba de presentarse una acusación constitucional contra ella ante el Congreso Nacional por diversos delitos, entre ellos de obstrucción a la justicia, ya que cambió a la fiscal que investigaba a su hermana jueza que estaba siendo investigada por presuntos delitos. ¿Ella tendría responsabilidad o no en las acusaciones penales que se formulen contra la Fiscal Benavides?

Esta situación es parte de la crisis del sistema de administración de justicia. La Junta Nacional de Justicia la investiga por sus grados académicos cuestionados, sobre su gestión por los cambios internos en el Ministerio Público en los cambios efectuados que fueron sacados de cargos en los últimos meses. Yo me pregunto si podemos aceptar que una fiscal suprema pueda apartar de sus cargos a quienes investigan a familiares que habrían cometido delitos y si prueba más adelante que cometió delitos, deberá ser sancionada ejemplarmente. En las denuncias que se han formulado contra la Fiscal de la Nación ante el Congreso, no confió en ese poder estatal, porque ellos no respetan ni su reglamento interno ni la Constitución.

El Procurador del Congreso ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial ya que, según ellos, la elección del Defensor del Pueblo es una atribución del Congreso y un juez no puede suspender dicho proceso de elección. ¿El Congreso está abusando de sus funciones o no en la elección del Defensor o está desacatando una resolución judicial de un juez que ordenó la suspensión de dicha elección?

El Congreso debe elegir al Defensor y eso está en la Constitución. La juez que dictó resolución no pretende elegir ella al Defensor. La juez le dice al Congreso que ese poder elija al Defensor y cumplan con la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y respeten los principios básicos del debido proceso. El Congreso debería dar un paso atrás y organizar mejor el proceso de elección del Defensor del Pueblo.

El Congreso desacató la resolución de la jueza que ordenó la suspensión de la elección del Defensor del Pueblo y pretendió elegirlo, pero los tres propuestos no lograron los 87 votos. ¿Qué va a pasar si el Congreso insiste en realizar la elección amparados en que ellos son el primer poder del Estado y no respetan la resolución de la jueza?

Si ellos han presentado la demanda competencial, ya no deben continuar con la elección del Defensor y deben dejar que el Tribunal Constitucional se pronuncie oportunamente. Dicho Tribunal deberá definir si es el Congreso tiene competencia exclusiva para elegir al Defensor, pero en la sentencia acompañaría una exhortación para que dicha elección sea respetuosa del orden jurídico del país.

Le repregunto, ¿Qué pasará si el Congreso insiste en elegir al Defensor sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional?

Estarían incurriendo en desobediencia a una decisión constitucional. La jueza llevaría esos actuados al Ministerio Público para que formalicen la denuncia contra quienes desacataron su resolución judicial.

Ha trascendido que la Fiscalía de la Nación presentaría una denuncia constitucional contra el presidente Castillo ante el Congreso por diversos delitos en las próximas horas. Se afirma que con esta denuncia constitucional se buscaría suspenderlo en el cargo al presidente Castillo, pero el constitucionalista Omar Cairo, afirma que no procedería esa suspensión ya que al presidente de la republica solo se le puede acusar por cuatro delitos previsto en la Constitución. ¿Cuál es su apreciación personal?

El Dr. Cairo tiene razón y en la Constitución en el artículo 117, se señala con claridad que solo por cuatro razones el Jefe de Estado puede ser acusado, mientras que el artículo 113, refiere que por cinco causales el Jefe de Estado pueden ser vacado de su cargo y no se puede agregar un delito. Si la Fiscal de la Nación pretende que se acuse al Presidente Castillo y se le suspenda, eso tampoco funcionaría porque la oposición no tendría el número de votos necesarios. En el Congreso no hay bancadas parlamentarias, formalmente hay bancadas, pero los acuerdos o conversaciones se hace con cada uno de ellos. Literalmente el Congreso es como una feria, donde cada congresista tiene su kiosco. Antes se habia lobbys con el jefe de la bancada parlamentaria, pero hoy tenemos una feria con varios kioskos de los congresistas y debe conversar con cada uno de ellos para aprobar o desechar un proyecto de ley. A la mayoría de congresistas no le conviene que haya adelanto de elecciones, que se cierre el Congreso, tampoco quieren que en Palacio de Gobierno haya problemas y esperan que Castillo se quede hasta el año 2026. No creo que llegue la vacancia, la suspensión ni el golpe de Estado contra el Jefe de Estado.

Finalmente, en la Comisión de Constitución del Congreso que dirige el fujimorista Hernando Guerra, ha comenzado el debate para modificar algunos artículos del reglamento del poder legislativo para reducir el número de votos para suspender de su cargo al presidente de la republica con la finalidad de sacar del poder al presidente Castillo. ¿Esa reforma del reglamento interno del Congreso para suspender del Jefe de Estado con 66 votos de los legisladores necesariamente debe pasar por una reforma constitucional que requiere de 87 votos de legisladores o no?

Tiene que haber necesariamente una reforma constitucional. El reglamento del Congreso pertenece al bloque de constitucionalidad de la Carta Magna, no es cualquier norma, para eso si ellos quieren modificar el reglamento, tienen que tener amparo constitucional lo que pasa necesariamente contar con 87 votos de legisladores lo que será bien difícil que lo logren porque la derecha parlamentaria no tiene ese número de votos hasta hoy.