Imagen. Diario Huánuco

En conferencia de prensa el primer ministro, Aníbal Torres, afirmó que la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo por presuntos tres delitos, no está en las causales prevista en la Constitución para investigar al mandatario nacional, por lo que Patricia Benavides habría violado la Carta Magna.

Torres, indicó que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una opinión sobre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y remarcó que ni el artículo 25, ni el artículo 30 de la Convención son auto ejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la convención directamente como tal.

El primer ministro enfatizó que el artículo 117 de la Constitución, señala que los delitos por los cuales puede ser acusado un presidente durante su mandato son traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso en casos no previsto en el artículo 134 de la Constitución o por impedir su reunión o funcionamiento, así como de los organismos del sistema electoral.

Torres precisó que no hay más delitos por los cuales se le puede acusar al presidente, someter a antejuicio o acusación constitucional al presidente de la República, por lo que Fiscal de la Nación no está señalando ninguno de estos casos, por lo tanto, está violando manifiestamente la Constitución. El jefe del gabinete ministerial, sostuvo que el gobierno nacional hará uso de todas las acciones que permita la ley y los organismos internos y externos, para hacer respetar el mandato del presidente Castillo y descartó la disolución del Congreso y afirmó que respetarán el estado de derecho, pero también aclaró que el gobierno no está en contra de las investigaciones penales, sino que piden que se hagan objetivamente, rápido y con pruebas.

Breve análisis del tema

En el tema de fondo, la Fiscal de la Nación está en la facultad de presentar denuncia constitucional contra los funcionarios que en el ejercicio de sus cargos habrían incurrido en presuntos delitos de corrupción, ya que su función constitucional es denunciar a quienes transgreden el ordenamiento jurídico de la Nación. Serán los constitucionalistas, penalistas y el Congreso, quienes en su momento califiquen y evalúen si la denuncia tiene o no consistencia constitucional para ser tramitada y aprobada por las instancias que correspondan o archivada por inconsistencia en las denuncias o tal vez prime primero los votos de los congresistas, antes que los fundamentos de hecho o de derecho.

Asimismo, el gobierno nacional está en la facultad de defender al Jefe de Estado y acudir ante las instancias nacionales e internacionales para sustentar la defensa del presidente Castillo. Si acaso en el Congreso se aprueba la admisión a debate de la acusación constitucional contra el presidente Castillo, él podrá hacer uso de su defensa personal o mediante su abogado, lo que es una garantía del debido proceso y el derecho de defensa que establece la Carta Magna e incluso si se vulneran sus derechos fundamentales en las instancias nacionales, podría recurrir a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo censurable al gobierno, es que se haya limitado e impedido el ingreso de la prensa nacional a la conferencia de prensa que se dio a la prensa extranjera, con lo cual el gobierno de Castillo, discrimina a los medios nacionales, lo que prohíbe la Constitución vigente y el Código Penal, desacatando principios suscritos por el Estado Peruano en Pactos, Convenciones y Declaraciones a favor de la prensa. Es cierto también que la mayoría de los medios concentrados en Lima, obedecen a intereses económicos, políticos e ideológicos que han actuado en forma parcializada en la campaña electoral del 2021, han satanizado e insultado al Jefe de Estado, pero eso no puede dar lugar al gobierno al extremo de impedir la participación de la prensa peruana. Esa errada decisión generará en las próximas horas una condena y rechazo de la prensa internacional y las organizaciones dependientes del neoliberalismo. No toda la prensa nacional es corrupta y parcializada y eso deberían entenderlo el Jefe de Estado y sus ministros.

Finalmente, remarcamos que la Fiscal de la Nación, tiene el derecho de presentar denuncias contra quienes transgreden el orden jurídico nacional, pero para eso tiene que tener autoridad moral, es decir, pregonar con el ejemplo.  Debe estar limpia de “polvo y paja”, y no tener ninguna denuncia funcional como ya la tiene ante la Junta Nacional de Justicia y como lo acaban de presentar ante el Congreso Nacional por transgredir principios constitucionales. Si Patricia Benavides, quisiera al Ministerio Publico, ella debió apartarse de este caso y pedir licencia, someterse a la Junta Nacional de Justicia que inició una investigación preliminar contra ella, porque apartó a una fiscal que investigaba a su hermana acusada de presunto delito. Eso debió haber hecho la Fiscal de la Nación y permitir que otro Fiscal de la Nación interino sin ninguna acusación, investigue a fondo al presidente Castillo, sus ex ministros y ex asesores para combatir la corrupción que es el cáncer que ha penetrado en el Estado y la sociedad. No se apartó Patricia Benavides y es posible que arrastre a su institución emblemática al descredito ante la opinión pública, cuando ella debió ser la primera en protegerla.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado