Imagen. Defensoría del Pueblo

El gobierno del presidente Pedro Castillo presentó el proyecto de ley al Congreso para efectivizar las inversiones en las comunidades campesinas y nativas donde se explotan recursos naturales por el cual los municipios deben destinar el 9% de recursos de canon y regalías para financiar inversiones que contribuyan a cerrar brechas de infraestructura o de acceso a servicios.

El proyecto refiere que los municipios que perciben transferencias por canon, sobrecanon y regalías por un monto inferior de 100 UITS la aplicación del 9% es facultativa y en el caso donde no existan comunidades campesinas la ley no es aplicable. La Contraloría será la entidad que supervise el cumplimiento de la ley debiendo rendir cuenta las municipalidades al sistema nacional de control e informarán a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El proyecto del gobierno afirma que la Ley 28322 que modificó el canon minero ya destina el 3% a las comunidades campesinas en el distrito donde se explotan recursos naturales, así como también lo señala la Ley 28258 de regalías mineras donde se destina el 10% a las comunidades campesinas, en tanto que el decreto de urgencia 026-2010 obliga a los gobiernos regionales a destinar el 10% y los gobiernos locales el 5% de los fondos del canon a las comunidades campesinas.

Según el gobierno, en el año 2021 se transfirieron 8,874 millones de soles a los gobiernos locales y regionales, por lo que las comunidades campesinas debieron haber recibido no menos de 500 millones de soles. El poder ejecutivo afirma que no se conoce con exactitud si los municipios y regiones están cumpliendo con las leyes antes enumeradas porque no hay un seguimiento a favor de las comunidades campesinas por lo que es necesario establecer reglas claras lo que permitirá que estas comunidades exijan rendición de cuentas a los gobiernos regionales y locales de lo que invierten en dichas zonas con la supervisión de la Contraloría.

Otra anomalía según el gobierno es que solo se invierte en distritos donde se explotan los recursos naturales y no en distritos aledaños en provincias por lo que es necesario homogenizar esta obligación, que los supervise la contraloría y proteger los derechos de las comunidades campesinas como lo reconoce la Constitución y la OIT.