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Los congresistas Sigrid Bazán y Alex Paredes, presentaron ante el Congreso un proyecto de moción para formar una comisión investigadora multipartidaria para que en plazo de 180 días investigue las presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos en la suscripción de la adenda del contrato de concesión de la administración del Hotel de Turistas de Machu Picchu suscrito entre el gobierno regional de Cusco y Perú Belmond Hoteles SA.

Entre los argumentos para formar la comisión investigadora, sostienen que el 27 de enero de 1995 se suscribió el contrato de concesión y administración del Hotel de Turistas de Cusco y la empresa turística regional Inka y la empresa Perú Hotel SA por plazo de 20 años. Agregan que el 27 de diciembre de 2013 la empresa y privada y el gobierno regional representado por el ex gobernador, Jorge Acurio suscribieron una adenda renovándose el contrato de concesión por plazo adicional de 10 años hasta el 16 de mayo del 2025. Sin embargo, el 26 de diciembre del 2013 el JNE mediante resolución 1138-2013, inhabilitó a Jorge Acurio como gobernador regional por contar con sentencia condenatoria por lo que se encontraba inhabilitado de suscribir cualquier contrato.

Remarcan que la adenda no fue aprobada por el Consejo Regional de Cusco, lo que contraviene el artículo 15 inciso j) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que obliga al Consejo Regional aprobar, contratos o adendas sobre activos regionales. El 12 de marzo del 2014 se aprobó a través del Consejo Regional el acuerdo regional 015-2014, por el cual se encargó al gobierno regional del Cusco la implementación de acciones necesarias para que se declare la nulidad de la adenda de ampliación del contrato suscrito por Jorge Acurio y del Hotel Machupicchu Santuary Lodge, ante la inobservancia normativas detectadas.

La Procuraduría Regional de Cusco inició el proceso civil de nulidad de acto jurídico ante el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq que fue desestimado al declarar fundada una excepción de convenio arbitral que se sustentaba en la sexta cláusula del contrato que las parte se comprometían a someterse a un arbitraje ante cualquier controversia del contrato, lo que fue confirmado por la Sala Civil del Cusco. La Contraloría en el informe de auditoría 36-2021, encontró dos graves cuestionamientos para la ampliación del contrato suscrito del Hotel de Turistas del Cusco.

1.- Los funcionarios regionales de Cusco por más de 6 años pagaron 988,756 dólares con recursos públicos el IGV que correspondía a la empresa contratista la que se benefició con el crédito fiscal por este importe, más los intereses que debió pagar por 582,913 dólares. 2.- La solicitud de renovación del contrato de concesión fue tramitada y aceptada por el presidente regional del Cusco sin sustento técnico legal o financiero dejando de lado la intervención del Consejo Regional lo que afectó la recaudación de las retribuciones fijadas y el correcto funcionamiento de la administración pública.

El informe de Contraloría recomendaba investigar a los funcionarios del gobierno regional de Cusco involucrados en la suscripción en la adenda del contrato de concesión para la administración del Hotel Machupicchu para determinar sus responsabilidades administrativas, civiles y penales debido a las graves irregularidades que generó perjuicio a Cusco ya que los beneficios económicos son mínimos. La moción agrega que el 21 de marzo del 2022 en reunión de congresistas de Cusco y el gobierno regional de Cusco, se solicitó que el Congreso adopte las acciones necesarias con la finalidad de deslindar las responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales que suscribieron dicha adenda frente a las presuntas irregularidades detectadas y se comprenda a la empresa que asumió la administración del Hotel actualmente.

Señalan que la población de Cusco merece conocer a fondo y de forma transparente como se manejó este tema ante presuntos actos de corrupción en la suscripción de la adenda ya que en el contrato se establecieron precios ínfimos a cambio de la concesión de uno de los hoteles más rentables por lo que es necesario aprobar la constitución de una comisión investigadora frente a los graves hechos denunciados.