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Con 96 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el Congreso aprobó interponer demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, para que esta entidad esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al primer poder del Estado, y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial mediante una resolución.

El acuerdo se adoptó, en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, el 31 de mayo último, para dejar sin efecto el proceso de elección del defensor del Pueblo “por atentar contra los principios de transparencia, meritocracia, no arbitrariedad, y el derecho de participación en la vida política del país”.

La congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP) manifestó su oposición a la presentación de esta demanda debido a que, en sus palabras, busca no acatar una decisión judicial y, con ello, se intenta decir que el Congreso es una isla con poder absoluto. Por su parte, la legisladora Rosangella Barbarán Reyes (FP) se mostró sorprendida por la posición de su colega, y dijo que los congresistas deben empezar a hacer respetar la institución.

Asimismo, el Congreso con 73 votos a favor y 38 en contra, aprobó citar al primer ministro Aníbal Torres, el próximo jueves 18 de agosto para que explique por sus afirmaciones en Palacio de Gobierno donde según la oposición parlamentaria, invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al Gobierno de Pedro Castillo, y poner de rodillas a los golpistas, expresiones que son inaceptables y representan un llamado al uso de la violencia contra todos los peruanos que cuestionan y rechazan el Gobierno de Pedro Castillo, afirmaron congresistas de Avanza País, quienes sustentaron dicha petición.

También, el martes 16 de agosto la oposición parlamentaria presentó una moción para interpelar al ministro de Transportes, Geiner Alvarado López, para que responda el pliego interpelatorio de 14 preguntas.

Entre las preguntas que debe responder el ministro Alvarado de aprobarse el pliego interpelatorio, figuran, que responda cuántas obras autorizó en el distrito de Anguia en Cajamarca y los montos presupuestados, si tuvo vínculo laboral o profesional con las empresas que han contratado con el ministerio de Vivienda, cuantas reuniones tuvo con la primera dama Lilia Paredes, Yenifer Paredes y el alcalde distrital de Anguia, si tuvo comunicación con el co investigado Pedro Castillo respecto a la adjudicación de obras en Cajamarca, cuantas investigaciones tiene y como financia su defensa legal, si consigno en su declaración jurada que tenía investigaciones fiscales, por qué cree que se le imputa el hecho de pertenecer a una organización criminal, etc.