La congresista Katy Ugarte, presentó el proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto modificar el artículo 62 de la Constitución Política del Perú e incorporar la decimosétima disposición final y transitoria, en lo referido a los contratos ley, facultando al Estado a establecer garantías y seguridades para los inversionistas que optan por hacer empresa en nuestra nación. La finalidad del proyecto de ley tiene por finalidad promover la renegociación entre el Estado y las personas jurídicas que hayan suscrito contratos ley, así como brindar protección a las inversiones asentadas en el Perú, con la finalidad de atraer capitales nacionales y extranjeros.

Por lo tanto, el proyecto plantea la modificación del Artículo del artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el cual queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Entre las disposiciones finales de la propuesta legislativa, la congresista Ugarte, propone que se faculte al Estado para que, a través de los órganos correspondientes, lleve a cabo las renegociaciones con todas las personas jurídicas que hayan suscrito contratos ley con el Perú a efecto de garantizar una adecuada gestión de recursos.

En la exposición de motivos, el proyecto indica que en la década del 80 y 90 del siglo XX, el Perú estuvo en una crisis social y económica producto del terrorismo e hiperinflación, la fuga de inversiones y capitales, así como la inestabilidad financiera ante un pésimo manejo de las políticas macroeconómicas, fugando los capitales extranjeros. En esa coyuntura política, en la Constitución de 1993 se introdujo la figura de los “contratos ley”, con la finalidad de brindar protección a los inversionistas a quienes el Estado les brindaba medidas para cautelar sus actividades y no se vean perjudicadas en sus operaciones en el país y proporcionales estabilidades jurídicas como una garantía para no cambiar las reglas de juego.

Hoy los contratos ley no son beneficiosos para el Estado, pero si han brindado réditos en favor de funcionarios públicos corruptos que se vieron beneficiados con múltiples contratos, por lo que las medidas adoptadas en el siglo pasado dejan de ser hoy necesarias debido al cambio de la realidad social y económica que atraviesa el país ya que no hay zozobra como en el siglo XX. Por estas razones es necesario promover la renegociación de los contratos ley para brindarle al Estado la oportunidad de pactar mejores condiciones que beneficien a la Nación sin perjudicar a los inversionistas quienes con anterioridad se acogieron a este tipo de contratos.

En tal sentido es necesario eliminar los contratos ley de la actual Constitución por lo que es necesario promover la renegociación de los términos de los contratos ley suscritos, de forma tal que las partes, el Estado y privados, encuentren la forma de beneficiarse de forma equitativa sin perjudicar al otro y de ese modo fortalecer este instrumento actual. Esto es necesario debido a que los contratos suscritos posicionaron al Estado en desventaja, debido a la imposibilidad de poder cambiar las condiciones de los contratos, quedando estas pautas fuera de su control y dejándolo sin herramientas para renegociar sus cláusulas.