El alcalde distrital de Caylloma, Leonardo Huaccha, ratificó que el Proyecto Majes II no puede iniciarse si no incluyen a su jurisdicción como afectado directo, ya que dicho proyecto no tiene estudio de impacto ambiental aprobado y ningún vecino de su distrito fue consultado en talleres participativos como obliga la legislación vigente. Así lo señaló en una sesión pública en plaza principal donde asistió el congresista, Guido Bellido, alcaldes distritales de la provincia de Caylloma y organizaciones sociales de dicha jurisdicción, quienes demandan la instalación de una mesa de trabajo para abordar la problemática de Majes II.

El burgomaestre reiteró que exigen que el gobierno regional de Arequipa cumpla con la ley 27887 que obliga a subastar el 30% de terrenos en proyectos de irrigación agrícola donde el Estado ha financiado con recursos estatales lo que obligaría a que el GRA concesione terrenos de 5 hectáreas para campesinos de su jurisdicción en el Proyecto Majes II. Agregó que rechazan que la concesionaria privada pretenda administrar los recursos hídricos que les pertenece a ellos y cobrarles posteriormente tarifas abusivas, al tiempo de remarcar que no podrán comprar terrenos de 200 hectáreas por que no tienen posibilidades económicas, por lo que demandó que el ministro de agricultura visite Caylloma para atender directamente su demanda, lamentando la ausencia de la gobernadora Gutiérrez a dicha reunión.

Por su parte el congresista Guido Bellido, prometió solicitar la conformación de una comisión especial para abordar la problemática de Majes II y las demandas de Caylloma, donde deben participar ministros de varios sectores, criticando al gobierno regional de Arequipa por no otorgar ningún beneficio a la provincia de Caylloma ya que, siendo la zona de influencia directa, no hay ninguna ventaja para sus agricultores y pobladores.

Bellido, lamentó la ausencia de la gobernadora en la sesión de trabajo en el distrito de Caylloma, y se comprometió a gestionar ante el ministerio de agricultura que promueva una reunión con los pobladores y alcaldes de la zona, así como gestionar ante el ministerio de transportes y salud la ejecución de proyectos de carreteras y centros de salud que demandaron los representantes de las organizaciones civiles en la sesión pública en dicha jurisdicción territorial.