Imagen: Agraria.pe

El Presidente del Consejo Regional de la Leche de Arequipa, Dr. Gianni Simoni Rojas, consideró positivo que el gobierno nacional a través de la Presidencia del Consejo de Ministros haya emitido una resolución creando una mesa de trabajo para que resuelvan sus demandas postergadas hace una década. El dirigente afirmó que ellos solicitarán en dicha mesa de trabajo que la industria láctea les pague 1 sol 80 centavos por cada litro de leche y no 1 sol con 08 como lo están haciendo en la última década, ya que a nivel nacional se están perjudicando económicamente más de 4,500 ganaderos y en Arequipa más de 450 familias.

Refirió asimismo que el gobierno debe proteger la seguridad alimentaria de los peruanos, y debe declararse en emergencia al agro nacional, ya que los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectará al país en los próximos meses, ya que tenemos una dependencia alimentaria del exterior en vista que importamos muchos alimentos. En ese sentido, sostuvo que debe aumentarse el presupuesto para el agro y la seguridad alimentaria, entre ellos a los programas del vaso de leche, al tiempo de precisar que el plazo de 180 días de la mesa de trabajo para emitir conclusiones al gobierno es muy largo, ya que la crisis económica que atraviesan los ganaderos lecheros es muy grave, por lo que el problema que afrontan debe resolverse en los próximos 30 días.

El Dr. Gianni Simoni, manifestó que el consumo per cápita al año de leche de los peruanos es de 90 litros al año, aunque la Organización Mundial de la Salud recomendó que debería ser no menos de 120 litros al año, en tanto que en Estados Unidos el consumo anual es 250 litros. Finalmente, el dirigente de los ganaderos lecheros, expresó que exigirán una nueva reglamentación ya que la industria láctea sólo debería procesar el 3% de leche en polvo que la industria láctea importa y el 97% debe ser leche fresca que producen ellos, ya que actualmente los empresarios del sector lácteo tienen una posición de dominio del mercado peruano con las empresas con Gloria, Nestlé y Laive que los últimos gobiernos lo han tolerado por intereses económicos.