Imagen: Radio Onda Azul

El viernes 18 de febrero el congresista, Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, presentó el proyecto de ley que pretende conceder amnistía general a las personas que se encuentren denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por ilícito penales a consecuencia de imputárseles participación directa e indirecta en protestas sociales en defensa del ambiente y agricultura del Valle de Tambo en oposición al proyecto minero Tía María en la provincia de Islay de Arequipa registradas desde el 7 de julio del 2019.

El proyecto de ley de solo tres artículos, refiere que el Poder Judicial y Ministerio Publico, según corresponda, dejaran sin efecto las denuncias, investigaciones, procesos judiciales, sentencias condenatorias, medidas restrictivas de libertad personal y medidas de reparación que recaigan sobre las personas beneficiarias de la ley de amnistía, disponiendo su archivo inmediato, anulándose los antecedentes policiales, judiciales y penas que correspondan.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Quito, afirma que en octubre del año 2009 en los distritos del Valle de Tambo se realizó una consulta ciudadana donde el 90% de la población rechazó las actividades del proyecto minero Tía María y, desde abril del 2010, la población y autoridades exigieron al gobierno que reconozca dichos resultados. Agrega que el EIA del proyecto minero no garantiza el cuidado del medio ambiente en el Valle de Tambo, por lo que la población realizó un paro indefinido en noviembre del 2010. En marzo del 2011 se realizó otro paro popular en el gobierno de Alan Garcia, donde fallecieron tres pobladores siendo el principal reclamo el retiro del proyecto minero Tía María ante la existencia de 138 observaciones de la UNOPS al estudio de impacto ambiental.

En marzo 2015 hubo nuevo paro provincial que dejo un saldo de dos muertos como resultado del enfrentamiento y represión policial, falleciendo un policía, deteniéndose en dicha ocasión a agricultores y ciudadanos de la zona, por lo que el gobierno nacional declaró estado de emergencia dicha zona en mayo del 2015. En junio del 2019 se realizó un paro provincial de 48 horas exigiendo al gobierno de Vizcarra cancele y el retiro del proyecto minero, lo que puso en evidencia el mal manejo de la conflictividad social en el país.

El congresista sostiene que su proyecto de ley se ampara en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también señala que en diversas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que es un deber de los Estados adoptar medidas que eviten juicios injustos o infundados a personas que legítimamente reclaman el respeto y protección de sus derechos.

Sostiene que el Tribunal Constitucional reconoció como derecho fundamental a la protesta social en algunas sentencias, por lo que la amnistía está amparada en el artículo 102 numeral 6 de la Constitución y que es una atribución del Congreso Nacional, mientras que el artículo 139 numeral 13 refiere como principio de la función jurisdiccional que una amnistía produce los efectos de cosa juzgada.

Finalmente, el congresista Quito, afirma que hay más de 50 ciudadanos denunciados por las protestas sociales los años 2009 y 2011 en defensa del Valle de Tambo, mientras que diversos abogados refieren que hay 13 procesos penales vigentes por las protestas realizadas entre el 2015 al 2019.