Por 72 votos a favor y 44 en contra el pleno del Congreso Nacional aprobó hoy por insistencia la ley que obliga a que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el parlamento antes de ser sometida a referéndum. La norma aprobada modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 de derechos de participación y control ciudadano que tiene como objetivo impedir el referéndum para reformar la Constitución que no hayan sido tramitadas primero en el parlamento nacional.

En el debate parlamentario la presidenta del legislativo, María del Carmen Alva, afirmó que todos los casos de reformas constitucionales tienen que pasar por el parlamento, ya que promover una asamblea constituyente es inconstitucional si primero dicho tema no pasa por el Congreso sería inconstitucional y desde el primer poder del Estado no lo vamos a permitir remarcó.

Waldemar Cerrón de Perú Libre, sostuvo que el Congreso no puede impedir que un derecho constitucional como es el referéndum sea impedido por el poder legislativo ya que eso es conculcar un derecho establecido en la Carta Magna como derecho fundamental, por lo que no descartó que la población salga a calles y plazas a protestar contra el legislativo.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, justificó la insistencia de la ley ya que los ciudadanos no están impedidos de proponer reformas constitucionales, pero todas esas propuestas deben pasar por el Congreso ya que, según ella, así lo establece la Carta Magna.

Breve análisis del tema

Como se recuerda el gobierno del presidente Castillo observó este proyecto de ley el 12 de enero ante la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva. Fueron ocho los argumentos de las observaciones donde el poder ejecutivo sustento con claridad, sus razones para observar el proyecto de ley que el Congreso aprobó el 18 de diciembre.

Las principales observaciones fueron: 1.- El referéndum es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política, 2.- La autógrafa del proyecto de ley restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución, 3.- La autógrafa de la ley vulnera los principios constitucionales al establecer el transito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum, 4.- La autógrafa de ley afecta los principios de razonabilidad y seguridad jurídica al establecer que el Congreso dispone que el presidente de la republica realice la convocatoria al referéndum, y, 5.- El menoscabo, producido por la autógrafa de ley, el rol del Estado de promover la democracia participativa y de la política general del gobierno 2021-2016 y la consiguiente vulneración a los principios de competencia y separación de poderes públicos.

Todo parece indicar que los próximos días el gobierno de Pedro Castillo, una vez que el Congreso promulgue está cuestionada ley en el diario oficial, el poder ejecutivo, presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia tomará algunos meses, siempre y cuando se logre mayoría de 5 de los 6 magistrados del TC. Los ciudadanos peruanos que se consideren afectados por la ley aprobada por el Congreso, podrían recurrir en consulta a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación al derecho fundamental a la participación política que consagra la Constitución del Perú.  El único problema es que todo proceso ante estas entidades toma muchos meses para que instancias de justicia internacional de derechos humanos, se pronuncien oficialmente. A nuestro juicio, la ley aprobada por el Congreso, es inconstitucional cuya argumentación la daremos en los próximos días en la sección opinión.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.