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La instalación de los 12 murales y dibujos de diversas esculturas en los muros de construcción en la Variante de Uchumayo el año 2019 por parte de la gestión regional del gobernador, Elmer Cáceres, generó un perjuicio económico al tesoro público por 2 millones 645 mil soles, pero también transgredió la legislación vigente. Fue una de las conclusiones del informe 036-2021 de la auditoria de cumplimiento al gobierno regional de Arequipa, denominado, “Formulación y ejecución del proyecto de mejoramiento de los servicios culturales para la participación de las poblaciones en las industrias culturales y las artes” que suscribió la Jefa de Control Institucional del GRA, Dra. Yulemi Valladares Díaz de 138 páginas.

Otra de las conclusiones es que el GRA no contó con la autorización del Ministerio de Transportes ya que la Variante de Uchumayo es una vía nacional y el proyecto fue ejecutado por funcionarios de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión cuando no reunía las características para el cierre de una brecha de tipo cultural conforme a los lineamientos de la Dirección Desconcentrada de Cultura. El proyecto ejecutado no cumplió con el objetivo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del año 2019 desacatándose el marco normativo vigente.

El informe refiere que la instalación de 12 murales y conjuntos escultóricos, se ejecutaron sobre el “derecho de la vía” que tiene calidad de inalienable donde están prohibidas construcciones que afecten la seguridad vial o visibilidad que distraen los estándares de seguridad lo que es considerado como una infracción muy grave que genera procedimiento sancionador e imposición de multa contra el GRA. Todos los hechos resumidos, transgredieron el DL 1252, el DS 034-2008-MTC, la resolución ministerial 069-2019-MC y la resolución ministerial 057-2013-MTC.

Por lo tanto, según el informe de Contraloría, los elementos colocados deben ser retirados por el órgano rector de la materia que implicará un gasto mayor y reposición de la vía a su estado anterior, siendo el mayor responsable de estas actuaciones ilícitas el gerente general regional de la gestión de Elmer Cáceres, funcionarios y servidores, así como algunos funcionarios de la gerencia regional de transportes y de la formulación de proyectos de inversión.

Los funcionarios comprendidos en el informe de Contraloría son; Rolando Ocharan Jiménez, subgerente de formulación de proyectos de inversión, Ramiro Vera Maquera, coordinador de formulador de estudios de pre inversión y expedientes técnicos de proyectos de la subgerencia de formulación de proyectos de inversión, Ada Ortiz Alvarez, coordinadora de formulación de proyectos de pre inversión de proyectos en la subgerencia de formulación de proyectos de inversión, Hernán Villa Sulca, especialista de la oficina de programación e inversiones, Franklin Valdivia Chavez, jefe de la oficina de programación e inversiones, Hans Saravia Tejada, formulador y evaluador de estudios de pre inversión de la subgerencia de formulación de proyectos de inversión, Gregorio Palma Figueroa, gerente general regional, Dan Galicia Fernández, subgerente de infraestructura de la gerencia regional de transportes, Grover Delgado Flores, gerente regional de transportes, Magaly Ochoa Cairo, coordinadora técnica de la subgerencia de infraestructura de la gerencia regional de transportes y Carmen Dávila Zeballos, jefa de asesoría jurídica de la gerencia regional de transportes.

Entre las recomendaciones del presente informe, se pondrá en conocimiento de la Procuraduría de la Contraloría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y observadores comprendidos en las observaciones detectadas, y, asimismo, que la gobernadora disponga las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del GRA comprendidos en las observaciones detectadas.