El Pleno del Congreso Nacional, por mayoría de 76 votos, rechazó la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo que presentó la oposición parlamentaria, quien solo logro el voto de 46 votos, mientras que 4 congresistas se abstuvieron, de un total de 128 parlamentarios asistentes el martes 07 de diciembre.

La moción de censura fue rechazada por los 76 votos de legisladores de Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido Morado, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos, mientras que los votos a favor fueron 46 que provinieron de los partidos de derecha política como, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.

Fue la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), quien sustentó la moción N.° 1222, que planteó la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral, según lo establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.

La propuesta se basa en un recuento de supuestos hechos de corrupción en los que habría incurrido el presidente Castillo, y que fueran publicados por un medio periodístico de circulación nacional.

Refirió que nuestra Carta Magna provee de mecanismos como la vacancia y la incapacidad moral permanente que no es incapacidad mental, «por lo que debemos valorar las conductas, las acciones de quien se jacta ser el presidente del pueblo, pero que en realidad se ha convertido en el verdugo de los peruanos sobre todo de los más pobres».

En la mañana del martes 07 de diciembre en el pleno del Congreso, el ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, las diez preguntas que contiene el pliego interpelatorio planteado en la Moción de Orden del Día 1132 por las graves irregularidades ocurridas en la aplicación de la Prueba Única Nacional para docentes.

El ministro Gallardo Gómez, informó que el 28 de mayo pasado suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para que se encargue de la impresión, el traslado, la aplicación y la confidencialidad de la prueba, según la moción “esto de ninguna manera resta responsabilidad política al titular del sector educación.”