Con el respaldo de 84 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Universitaria 30220 y amplía el plazo para obtener el bachillerato automático hasta diciembre del año 2023 con la finalidad de apoyar a los jóvenes estudiantes para que se inserten en el mercado laboral.

El presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Medina, sustentó el proyecto de ley para modificar la decimocuarta disposición complementaria transitoria de la Ley 30220, Ley Universitaria, a fin de extender el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. Medina señaló que los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas y privadas entre los años 2022 y 2023 accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención de del grado académico de bachiller, exonerándoseles de los demás requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley Universitaria.

Remarcó que la propuesta legislativa permitirá que los estudiantes puedan acceder automáticamente a su bachillerato automático durante el periodo de emergencia sanitaria y así reducir el desempleo del adulto joven, evitando el incremento de barreras burocráticas de entrada al mercado laboral profesional, pero también evita el retraso del calendario académico y proyección de vida del estudiante universitario.

Asimismo, el Pleno del Congreso también aprobó por 89 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones el proyecto de ley que modifica el artículo 4 del decreto legislativo 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional a fin de ampliar el plazo de adecuación de docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos.

El texto aprobado por el Congreso, señala en el artículo 4.1.- “se amplía el plazo de adecuación de los requisitos de la Ley Universitaria 30220, para los docentes de las universidades públicas y privadas con estudios de Maestría o Doctorado sin grado academico o con grado academico en proceso de registro ante SUNEDU, quienes cuentan hasta el 30 de diciembre del 2023, para obtener sus grados académicos y cumplir con los requisitos exigidos para el ejercicio de la docencia universitaria, de lo contrario son considerados en la categoría que les corresponda de acuerdo a los grados académicos obtenidos o concluye su vínculo laboral o contractual según corresponda. Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está establecida exclusivamente para el año referido en el párrafo 4.1. (diciembre 2023)”.

El Secretario General del Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, Ing. Héctor Bolaños, consideró como positiva la ley aprobada por el Congreso Nacional, ya que en el claustro agustino se beneficiaría alrededor de un 30% de docentes que no aún no han obtenido los grados académicos de magíster o doctor, ya que fueron afectados en sus estudios por la pandemia sanitaria aún vigente en el país. Bolaños agradeció al presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Medina, por impulsar el proyecto de ley aprobado que obligará al Consejo Universitario de la UNSA adecuarse a dicha norma legal, al tiempo de informar que continúa en el mandato dirigencial ya que las elecciones para renovar los cargos directivos en el SUDUNSA se desarrollaran en el mes de marzo del 2022 con la participación de la ONPE.

El Pleno del Congreso también aprobó por 77 votos, 34 en contra y 2 abstenciones, la Moción de Orden del Día N.° 1005, que proponía interpelar al ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, quien deberá presentarse el martes 16 a las 09:00 horas, para responder el pliego interpelatorio de 7 preguntas. La moción fue firmada por congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú-Partido Morado y Podemos Perú.

El congresista Jorge Montoya Manrique (RP) señaló en la sustentación, que no había motivos para el pase a retiro de los ex comandantes generales del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea; y que ese pedido se justifica por las presuntas presiones para variar lo que la Junta de Ascenso de cada institución había determinado. Montoya indicó que estos actos afectan a la moral, la integridad y la independencia de las instituciones militares, en cuanto a procesos administrativos se refiere, merece una interpelación al ministro de Defensa para que aclare estos puntos y criticó al ministro por permitir que el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, influya en el Comandante General del Ejército con un pedido específico, lo que transgrede el ordenamiento jurídico vigente en el país.