El abogado Guillermo Olivera Díaz, presentó denuncia constitucional ante la Fiscal de la Nación, Dra. Zoraida Ávalos, contra 79 congresistas por los delitos de abuso de autoridad y banda criminal e infracciones constitucionales. El argumento principal del abogado Olivera es que los 79 congresistas cometieron el delito de abuso de autoridad y banda criminal en concurso real de ilícitos penales con sumatorias de penas previstas en el numeral 50 que son hechos punibles que prevén los artículos 376 y 317 B del Código Penal.

Asimismo, el abogado denunciante sostiene que los legisladores cometieron infracciones constitucionales de los artículos 206, 43, 102, 38, 39, 44, 45, 46, 103 y 106 de la Constitución ya que el 20 de octubre aprobaron por insistencia la Ley 31355 que es artificiosa que fue promulgada y publicada en el diario oficial el dia siguiente, cuyo texto fue observado por el presidente Castillo que fue aprobado el 16 de septiembre del 2021.

El Dr. Olivera sostiene que tales hechos tienen diversas fechas, por lo que hay un concurso real de delitos con hechos y penas pendientes que se suman, por lo que los ilícitos cometidos por los 79 legisladores no pueden ser protegida por la inviolabilidad e indemnidad que trata el artículo 93 de la Constitución, pero si el privilegio especial del antejuicio político regulado en el numeral 99. El letrado agrega que a cada legislador le alcanza una pena de 16 años de pena privativa de libertad con el agravante que son funcionarios públicos por lo que el juez penal puede agregar la mitad por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, tal como lo ordena el artículo 46-A modificado por la Ley 30875 lo que hace un total de 24 años de prisión por cada legislador. El abogado alcanza la relación de los 79 legisladores que violaron el Código Penal y cometieron infracciones constitucionales para que sean investigados por la Fiscal de la Nación.

Como se recuerda el Congreso aprobó el martes 19 de octubre la insistencia a la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución con el respaldo de 79 votos a favor, votos en contra 43 y abstenciones 3 y con el voto de la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva. El Poder Ejecutivo presentó dos días después al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política que fue aprobada por insistencia por el Congreso.