Cuatro abogados de Arequipa entrevistados afirmaron que, si bien es cierto que el juez Jose Málaga del juzgado anticorrupción ordenó la detención de funcionarios regionales a solicitud del fiscal anticorrupción, Arturo Valencia, quien afirmó que los investigados habrían cometido los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo genérico que tienen penas benignas, la acusación final al concluir la investigación contra el gobernador Cáceres, los consejeros y funcionarios regionales se agravaría, ya que al profundizarse la investigación podría llegar a peculado y colusión con penas más severas que superarían los 15 años de prisión, ya que habrían pretendido beneficiarse de terrenos que como autoridades estatales tenían la obligación de cautelar y no favorecerse personalmente. A los letrados no sólo les solicitamos su opinión jurídica sobre los presuntos delitos, sino también su apreciación personal de la actuación política de las autoridades y funcionarios regionales detenidos por la policía nacional.

El Dr. Edgar Lajo Paredes, afirmó que los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo genérico son sancionados hasta con 5 años de prisión, por lo que dichas penas son benignas y sus abogados podrían tramitar la libertad de sus defendidos en las próximas horas. Lajo, agregó que si el fiscal profundiza la investigación y cruza información con todos los detenidos podría llegar a establecer que se habría producido los delitos de peculado e incluso de colusión, porque las autoridades regionales se habrían puesto de acuerdo para cometer actos ilícitos para favorecerse cuando era su deber cautelar los terrenos estatales y no aprovechar de sus cargos, lo que el Código Penal sanciona con penas de cárcel superior a los 15 años.

El letrado censuró la actuación de las autoridades regionales ya que han puesto en evidencia que son amorales en la gestión pública ya que no actuaron con ética publica como era su deber ante la sociedad, ni mucho menos fueron eficientes en la gestión con un millonario presupuesto y pésimos resultados, lo que evidencia una profunda crisis de valores de los funcionarios públicos, por lo que los ciudadanos deben meditar bien en las próximas elecciones regionales y no dejar llevarse con por la pasión política ni chauvinismos provincianos como sucedió con Cáceres Llica en las elecciones 2018 donde prometió muchas cosas que no ha cumplido en sus 3 años de mandato regional.

El Dr. Jose Villafuerte Charca, sostuvo que, si bien es cierto que el fiscal anticorrupción reunió indicios iniciales de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y genérico, eso no descarta que, cruzando las pruebas y testimonios de los presuntos acusados, la acusación fiscal final llegaría a peculado y colusión que son delitos graves en corrupción de funcionarios con penas superiores a 15 años, ya que la detención sólo es para garantizar la investigación fiscal, por lo que los funcionarios regionales no les podría alcanzar la libertad en las próximas semanas, ya que su situación se complicaría porque habrían concertado para obtener terrenos y puestos de trabajo, cuando era su deber proteger los bienes estatales y recursos públicos.

El Dr. Villafuerte afirmó que la corrupción es un mal endémico en nuestra sociedad que se arrastra antes de la creación de nuestra república, pero saludó la reacción de la población arequipeña que en todos los medios de comunicación ha condenado la actuación del gobernador y funcionarios regionales luego de su detención por la policía. El letrado indicó Arequipa se equivocó al elegirlo el año 2018 ya que el cayllomino nunca fue de izquierda y sólo fue un oportunista que traficó con mensajes populistas apelando al chauvinismo provinciano, por lo que los electores no deben cometer el mismo error en las elecciones municipales y regionales del año 2022.

El Dr. Mario Chavez, refirió que la pena máxima para el delito de cohecho pasivo impropio y genérico no supera los 6 años, pero la investigación que efectué el fiscal anticorrupción será fundamental, ya que, si llega a demostrar que hubo una concertación desde arriba hacia abajo para delinquir, el gobernador, los consejeros y gerentes regionales podrían ser acusados del delito de colusión agravada que es grave en corrupción de funcionarios y que está sancionado hasta con 15 años de pena privativa de libertad.

Chavez sostuvo que Cáceres manejo con negligencia la pandemia sanitaria en Arequipa que ocasionó más de mil muertos por lo que un juez el año 2020 lo sancionó con su destitución que está hoy en apelación en Sala Superior Judicial. Sin embargo, agregó que hoy el gobernador tiene que pagar todas las consecuencias de sus actos ilícitos ya que fue elegido por Arequipa para promover su desarrollo y progreso, pero no para beneficiarse personalmente ni sus funcionarios regionales, por lo que demandó a la sociedad civil para estar atentos a la actuación del fiscal y del juez y evitar que el gobernador salga en libertad, generando impunidad que sería un insulto a los ciudadanos que no soportan a los funcionarios corruptos.

El Dr. Walter Paz Valderrama, por su parte indicó que la investigación fiscal iniciada por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y genérico, debe ser una madeja que debería incluir la adenda 13 que pretende suscribir el Gobernador Cáceres a favor de la concesionaria, ya que el cayllomino prometió no suscribirla y amenazó en campaña electoral con denunciar a la gobernadora Osorio lo que ha incumplido cuando llegó a la gobernación, ya que hoy se pretende darle a la empresa privada 130 millones por el presunto cambio tecnológico que la misma empresa debió asumirla integralmente y no exigir nada al estado peruano.

Paz Valderrama sostuvo que debe detenerse al gerente Rospigliosi porque dicho funcionario trabajó con Yamila Osorio quienes retrasaron el Proyecto Majes II y presionaron al gobierno de Vizcarra para conseguir el financiamiento para el cambio tecnológico. El letrado agregó que el gobernador Cáceres promovió el tráfico de votaciones en el Consejo Regional lo que es ilícito y censurable, tal como lo hizo Alberto Fujimori en las elecciones 2,000 para la reelección donde con el apoyo de Montesinos compró congresistas, por lo que el cayllomino se pasó a la ultraderecha apoyando en segunda vuelta electoral 2021 a Keiko Fujimori, evidenciando que nunca fue un izquierdista con principios en las elecciones del año 2018 donde hizo populismo para llegar al poder regional e incumplir sus ofertas electorales.