La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, formalizó denuncia constitucional ante la Presidenta del Congreso Nacional contra el ex presidente Manuel Merino Lama, el ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araoz y contra el ex ministro del interior, Gastón Rodríguez Limo, como presuntos autores por el delito de omisión impropia del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio sancionado en el artículo 106 del Código Penal en agravio de Jordán Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez y lesiones leves sancionado en los artículos 121 y 122 del Código Penal en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances.

Los argumentos más importantes de la denuncia contra los denunciados, es que incumplieron su deber como autoridades de proteger la vida e integridad física de ciudadanos que participaron en movilizaciones u no adoptar medidas para controlar el uso desproporcional de la policía. La Fiscal de la Nación afirma que las ex autoridades de gobierno actuaron con dolo eventual, ya que como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

La denuncia sostiene que los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas ya que tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron, ya que los imputados tenían una posición de dominio sobre las fuerzas policiales y contaban con información oficial de que las protestas se iban a intensificar y no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”.

La Fiscal de la Nación sostiene que el ejercicio del derecho constitucional a la protesta se encuentra amparado por nuestro ordenamiento jurídico; y si bien, en el supuesto de que dicho ejercicio exceda los límites permitidos por la ley, el Estado puede intervenir haciendo uso de la fuerza pública para restablecer el orden público; debe tenerse en cuenta que esta debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, conforme lo garantiza nuestra Constitución Política y el derecho internacional sobre derechos humanos.

La Dra. Zoraida Avalos solicita a la presidenta del Congreso de la República que califique la denuncia constitucional y se le brinde el trámite que corresponda, atendiendo a la obligación estatal de esclarecimiento de la violación de derechos humanos, conforme al derecho internacional.