Se publicó en el diario oficial la resolución directoral 000125-2021 suscrito por Santiago Alfaro Rotondo, Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, por el cual se aprueba las bases de la tercera convocatoria como el Concurso de Proyectos de Circulación de Obras Cinematográficas y Audiovisuales – 2021, Concurso Nacional de Creación Experimental – 2021, Concurso Nacional de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2021, Concurso Nacional de Proyectos de Documental Formato Largo 2021, Concurso Nacional para la Formación Audiovisual – 2021, Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje en Construcción 2021, Concurso Nacional de Producción Alternativa  2021, Concurso Nacional de Proyectos de Animación 2021, Concurso Nacional de Desarrollo de Videojuegos 2021 y Premio a la Destacada Trayectoria en el Ámbito Audiovisual 2021.

La resolución afirma que la Ley N° 29565 se creó́ el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público; estableciendo en el literal i) de su artículo 5, que el Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en la promoción de la creación cultural en todos los campos, el perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales, y el desarrollo de las industrias culturales.

Afirma que el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual, el Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales de nacionalidad peruana o personas jurídicas de derecho privado, debidamente constituidas en el país, que participan de la actividad cinematográfica y audiovisual; los estímulos se conceden con cargo a los recursos de su presupuesto anual institucional, asignando para ello un mínimo de seis mil unidades impositivas tributarias (6000 UIT), sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, pudiéndose disponer de hasta cinco por ciento (5%) de esta asignación para la administración del otorgamiento de estímulos.