El Pleno del Congreso Nacional reprogramar para este viernes 16, la presentación del congresista Édgar Alarcón Tejada (UPP), para que haga uso del derecho de su defensa con un nuevo abogado, frente a la renuncia de quien estaba llevando su caso, Humberto Abanto Verástegui.  Alarcón pidió a la presidenta del Parlamento que le concediera un plazo para encontrar un abogado defensor, porque por motivos profesionales y “cumplir con diligencias fiscales, inaplazables, fijadas con antelación” le impedían continuar en la defensa del parlamentario.

Alarcón Tejada insistió señalando que el último lunes al mediodía se quedó sin abogado defensor y que, “de acuerdo con lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es válido que se le otorgue un plazo razonable para que consiga un nuevo defensor” para la consecución del profesional y la preparación sobre su caso. El legislador está denunciado por presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito cuando ocupo el máximo puesto en la Contraloría General de la República.

Asimismo, el viernes 16 el Congreso debatirá el informe final que investiga los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, y que fuera ampliado posteriormente para incluir otras entidades ministeriales. La decisión fue tomada en función de un requerimiento del titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Maquera Chávez (UPP), quien informó mediante un oficio y personalmente que hasta el presente día no se le había entregado oficialmente el acervo documentario correspondiente.

La denuncia tiene su origen en diversas denuncias periodísticas que dieron cuenta de la contratación de Richard Cisneros Carballido, conocido en ciertos círculos de la farándula limeña como “Richard Swing”, a través de diversas órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura en abril de 2020 para ejecutar actividades motivacionales a través de conferencias virtuales.

También ese mismo día se debatirá el informe final de las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra Cornejo y las ex ministras Pilar Mazzeti y Elizabeth Astete. Se trata del informe sobre las denuncias constitucionales 423 y 427 relacionadas con el caso “Vacunagate”, el cual fue aprobado previamente en la Comisión Permanente en su sesión del jueves 8 de abril.

Entre sus conclusiones, se menciona acusar a la ex canciller Astete Rodríguez, por haber incurrido en infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución, y se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un (1) año. También, se recomienda acusar a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, por haber incurrido en infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución, y se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ocho (8) años.

Además, se concluye acusar al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, por haber incurrido en infracción al artículo 2, (inciso 2), así como a los artículos 7, 9, 38, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución Política del Perú y se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años.