El congresista Jose Luis Ancalle presentó el proyecto de ley que establece criterios de transparencia y equidad que regule la publicidad estatal y que el 50% de esas inversiones económicas se efectúen en medios de comunicación del interior del país y no se siga centralizando en medios de comunicación de Lima. El proyecto de tres artículos sostiene, en resumen, que la ley 28874 que regula la publicidad estatal en el país obliga a los titulares del sector público a presentar un plan de estrategia publicitaria, justificación de la campaña institucional y justificación técnica de la selección de medios de comunicación.

Lo medular del proyecto de ley es que las entidades públicas deben priorizar la contratación de los medios de comunicación regionales, provinciales y distritales, que operen en la misma localidad con por lo menos el 50%. Los jefes de instituciones públicas están prohibidos de excluir de los procesos de contratación publicitaria a los medios de comunicación regionales, provinciales y distritales con lo menos el 50% y se prohíbe la contratación de medios que no cuenten con la autorización del Ministerio de Transportes.

El proyecto señala que las entidades públicas deben reportar a la Contraloría los gastos publicitarios en el primer trimestre de cada bajo responsabilidad del titular constituyéndose la inobservancia como una falta grave del titular. El congresista Ancalle, señala que la ley 28874 no establece ningún parámetro específico para que la entidad estatal contrate servicios de publicidad que la ley de contrataciones estatales regula como contratación directa.

El parlamentario sostiene que la Asociación Nacional de Radiodifusores del Perú llega a 4,917 estaciones lo que evidencia que tienen cobertura en todo el país en contraste con los medios de comunicación limeños que llegan a 1,245 lo que deja que la publicidad estatal sea para medios de provincias en promedio del 3% al 7%, mientras que el 90% es para los medios de comunicación nacionales centralizados en Lima. Ante esta situación, Ancalle sostiene que los titulares de entidades públicas deben destinar el 50% del presupuesto publicitario para medios con programación local propia como una forma de descentralizar los recursos estatales ya que es una obligación constitucional que también está considerada como política de estado en el Acuerdo Nacional.