Un total de 470 personas fueron inmunizadas irregularmente por las vacunas enviadas por el laboratorio Sinopharm entre los años 2020 y 2021, de los cuales 369 formaron parte de la investigación clínica, pero 101 no formaban parte de la investigación. Así lo anunció el presidente de la Comisión Investigadora del MINSA, Dr. Fernando Carbone, quien informó que el gobierno chino envió al país un total de 3,200 vacunas al margen del estudio de investigación clínica, de los cuales 1,200 fueron a la embajada china en el Perú y 2,000 a la Universidad Cayetano Heredia y Universidad Nacional de San Marcos.

Carbone en conferencia de prensa dio cuenta que la comisión emitió 16 recomendaciones a diversas instituciones estatales, universitarias, científicas y políticas para que amplíen investigación y precisen las presuntas irregularidades o delitos cometidos por diversas personas. El informe será remitido a las Secretarías Técnicas de Procesos Disciplinarios del Ministerio de Salud, a los Colegios Profesionales, a las Procuradurías, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Congreso, Contraloría, Ministerio Público, SUNEDU, SUSSALUD, Ministerio de Relaciones Exteriores y CONCYTEC, para que cada una de estas instituciones actúen y sancionen en el marco de sus funciones y competencias.

Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte, informó a la prensa que el informe final de la comisión especial presidida por el Dr. Carbone tuvo como objetivo recuperar la confianza la población cuyos anexos serán publicados en la página web del MINSA por cuestión de transparencia que es una de las características del gobierno del presidente Sagasti y los funcionarios del sector salud serán separados de sus cargos. El Dr. Fernando Carbone confirmó que fueron los médicos investigadores, Málaga, Garcia y Ticona, quienes como jefes de los equipos de investigación de las Universidades Cayetano Heredia y San Marcos, son los que decidieron a quienes se les vacunaba con las vacunas chinas, pero también reiteró que los funcionarios Jarama y Castillo del MINSA y Relaciones Exteriores, fueron quienes también definieron a quienes debía inmunizarse sin estar estas personas en los equipos de investigación universitaria, al tiempo de remarcar que en el informe final no encontraron ninguna funcionario público de alto nivel.