Mediante resolución suprema suscrita por el presidente Martín Vizcarra, el gobierno nombró el año 2018 una comisión de reforma del sistema de justicia como respuesta a los presuntos actos de corrupción de magistrados judiciales y consejeros de la magistratura que utilizaron sus cargos para favores personales y negociados que desprestigió al sistema judicial. La comisión la integraron siete juristas y académicos limeños que presentaron propuestas de reforma urgente para una justicia eficaz, transparente e incorruptible. Una primera crítica que hicimos es que, en dicha comisión, no había ningún representante del interior del país ya que todos fueron abogados capitalinos que tienen sus intereses, lo que evidencia que Vizcarra administró el país en forma centralista, pese a provenir de una región de la macro sur.

La exclusión fue un maltrato innecesario a los provincianos porque se les marginó de poder aportar propuestas en un tema de Estado, como es el sistema judicial ya que es un problema de todos los peruanos y no solo de los limeños. Una segunda critica fue que Vizcarra actuó como bombero para apagar el incendio como lo hicieron los anteriores presidentes. El ex inquilino de palacio de gobierno no tuvo visión de estado para encarar temas de interés nacional a mediano y largo plazo y actuó como un gobernante más que pretendió solucionar un problema a corto plazo. No solo el poder judicial está en crisis de legitimidad y credibilidad, sino también el poder legislativo y el poder ejecutivo, o sea, los tres poderes clásicos. Pero también, algunos organismos constitucionales autónomos, incluidos los gobiernos descentralizados.

Es decir, es la actual estructura estatal la que está en crisis permanente y no solo el poder judicial. Fue la oportunidad histórica ad portas del bicentenario de la república, para que el ex mandatario nacional conforme una comisión nacional de alto nivel que no solo encare la problemática judicial, sino la problemática de todo el Estado peruano en su integridad. El año 2018, Vizcarra convocó a un Consejo de Estado a palacio de gobierno a los titulares de los poderes clásicos y algunos organismos constitucionales autónomos que fue una simple reunión de cúpulas de instituciones cuestionadas por la opinión pública. ¿Cuáles son las reformas estatales más urgentes? El Consejo de Estado no está instituido en la Constitución ni tiene ley de creación y en una futura reforma constitucional, debería incluírsele en la Carta Magna para que el Estado funcione como un reloj y no como hoy sucede, donde los poderes públicos al amparo de su autonomía constitucional, incurren con frecuencia en el abuso del derecho.

Una tercera critica es que los presidentes de los tres poderes clásicos, aún no han presentado iniciativas de reforma constitucional y legal de sus respectivos sectores ante el Congreso Nacional para modernizarse y recuperar su legitimidad pese a que tienen esa atribución constitucional. Lo ideal hubiera sido que esos poderes públicos presenten proyectos de auto reforma para modernizar sus respectivos sectores de cara al bicentenario que cumpliremos el año 2021. No lo han hecho y no lo harían porque está en juego sus intereses y privilegios que tienen. Entre ellos intereses políticos, económicos y sociales que no querrán perder. La reforma a los poderes clásicos, organismos constitucionales autónomos y gobiernos nacionales, deberían ser consensuados en el Acuerdo Nacional que es un foro de múltiple participación nacional.

Allí están representados los poderes clásicos, los representantes de los partidos políticos, iglesias, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, colegios profesionales, frentes regionales, etc. Es decir, está representado el Perú y no solo las cúpulas de los poderes clásicos cuando son convocados al Consejo de Estado. Algunos Estados de América Latina que recordaron y celebraron sus bicentenarios de independencia en la última década, no solo conformaron comisiones de trabajo para revisar sus estructuras estatales y modernizarlas al servicio del ciudadano, sino que también aprobaron reformas constitucionales para adecuar esas reformas a sus Cartas Magnas.

En nuestra patria, a 27 años de vigencia de la actual Constitucional que se aprobó en el referéndum del año 1993, ni la partidocracia asentada en el Congreso Nacional, ni las cúpulas del poder ejecutivo ni judicial no han mostrado ningún interés en auto reformarse y menos de revisar algunos capítulos de la actual Carta Magna. El Jefe de Estado actual, Francisco Sagasti, tiene ese deber de revisar la estructura del Estado Peruano con el apoyo de comisiones y especialistas de todo el país y no solo del centralismo limeño para proponer una reforma estatal en el año del bicentenario 2021 al nuevo Congreso Nacional, pero esa propuesta debería nacer del Acuerdo Nacional donde estamos representados todos. Estoy seguro que tendría amplio apoyo del interior del país y la única oposición sería de los neoliberales que creen que la Constitución de 1993 es perfecta. ¿Lo hará el presidente Sagasti antes que concluya su mandato?

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado