La democracia no admite simulaciones: o se respeta la voluntad popular o se la quebranta. Lo ocurrido en el 2021 hoy pretende repetirse.

Los mismos grupos de poder han activado una estrategia conocida: instalar la mentira del fraude, presionar instituciones, forzar decisiones excepcionales y amplificar mediáticamente una narrativa destinada a sembrar dudas y deslegitimar el proceso electoral.

La insistencia de Rafael López Aliaga en sostener un fraude inexistente; la actuación inmediata de la JNJ, en sintonía con el Parlamento; la intervención del Ministerio Público bajo el control de Tomás Gálvez; la cuestionable decisión del JNE de ampliar el proceso electoral sin sustento sólido; y el aplauso estridente de la capturada Defensoría del Pueblo no son hechos aislados: responden a un objetivo común.

Buscan intimidar o remover a la conducción de la ONPE para controlar la organización de la segunda vuelta, en la que no quieren enfrentar a un contrincante no afín.

El problema en la instalación de mesas debe investigarse, pero está siendo utilizado como pretexto para una operación política claramente antidemocrática.

Advertimos con claridad: en estas condiciones, la transparencia electoral está seriamente en riesgo.

Exigimos garantías reales, la presencia activa de veedores nacionales e internacionales y un pronunciamiento firme de los partidos democráticos, al margen de sus diferencias ideológicas y políticas. Deben poner por encima de todo la voluntad de la ciudadanía.

Resulta, por lo demás, ofensivo que hoy pretendan convertirse en defensores del voto quienes intentaron impugnar, con desprecio, 500 mil votos en el año 2021.

La ciudadanía debe mantenerse alerta y lista para defender pacíficamente la democracia. No se puede permitir que la historia se repita.

 Editorial Instituto Libertad y Democracia