El congresista Richard Rubio Gariza del FREPAP presentó proyecto de ley que declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la Comisión Multisectorial encargada de la Reforma del Sistema Tributario adscrito al Ministerio de Economía cuya finalidad es reformar el actual sistema financiero para que contribuya con la reactivación económica y se establezcan criterios justos y equitativos, debiendo asimismo diseñar mejoras en los criterios para el otorgamiento de exoneraciones tributarias, beneficios tributarios y establecer mecanismos para evitar la evasión de impuestos.

La conformación de la comisión multisectorial la integrarían un representante del Consejo de Ministros, dos representantes del Ministerio de Economía, tres representantes de SUNAT y SUNAD, y otros representantes que contemple el reglamento, la que tendrá una secretaría técnica, debiendo presentar un informe técnico dicha comisión en plazo de 3 meses siendo el plazo de reforma total del actual sistema tributario de 365 días.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el congresista Richard Rubio afirma que en el país existen 78 beneficios siguen vigentes, originados en gran parte durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y que en la última década el Estado dejó de recaudar SI 93 mil millones (US$27 mil millones) por estos privilegios. Los resultados revelan que los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minero21.

Agrega que hay compañías de cinco sectores económicos que concentran el 46,5% (5/ 44.799 millones) de los SI 93 mil millones que la SUNAT dejó de cobrar en la última década que proceden de los siguientes rubros: agro exportación (21%), educación (11%), banca (9%), hidrocarburos (3,9%) y minería (1,6%). Esta radiografía sostiene que contrasta dramáticamente con el 5% que representan las exoneraciones por Impuesto General a las Ventas (IGV) que se brindan para no encarecer el precio final de determinados bienes como la importación de medicamentos contra el cáncer, el VIH y la diabetes; la venta de libros, los pasajes de transporte público, los servicios que prestan las instituciones culturales o deportivas, entre otros.

El sector agropecuario lidera este exclusivo grupo de beneficiados por la exoneración del IGV para frutos, hortalizas y otros insumos, y en menor parte por la llamada Ley de Promoción Agraria del 2000, con los cuales este sector ahorró SI.20 mil millones: 21% del total que la SUNAT dejó de cobrar en el período analizado. El congresista del FREPAP sostiene que esta norma -que afectó los beneficios laborales de los agricultores y dispuso el recorte de sus vacaciones, CTS y gratificaciones- les permitió a las empresas del rubro beneficiarse con cuatro excepciones fiscales: la reducción del Impuesto a la Renta (IR) al 15%, la depreciación acelerada del costo de su infraestructura, la devolución del lGV y el descuento del 20% de sus impuestos por inversión en zonas eriazas.

Por lo tanto, sostiene que son SI 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a nivel nacional, pero también representa 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de los programas sociales Beca 18, Qali Warma y Cuna Más en el último quinquenio. Indica asimismo que, en el año 2016, el gobierno peruano dejó de recaudar SI 16.268 millones bajo el concepto de ‘gastos tributarios’, también conocidos como ‘beneficios tributarios. Esta cifra representa nada menos que el 2,2% del PBI nacional

El legislador afirma que en los años 90 el sector minero fue protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables incluso en el periodo del boom de metales y desde e inicio de sus operaciones, Cerro Verde —junto a otras 14 compañías mineras- se ha amparado en convenios de estabilidad promovidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para congelar las condiciones tributarias y administrativas vigentes al momento de la suscripción de su contrato inicial, existiendo cuatro beneficios tributarios del sector minero que en los últimos 10 años le han costado al Estado SI 1.567 millones: la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura y la reinversión de utilidades, la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) por los trabajos que realicen durante la fase de exploración y la depreciación del valor de sus bienes.

Por lo tanto, el congresista del FREPAP estima que hoy más que nunca el Perú necesita aumentar la recaudación y mejorar la economía el Perú y por esa razón propone la iniciativa legislativa que tiene como objetivo iniciar un proceso de reforma del actual sistema financiero para que contribuya con la reactivación económica del país y se establezcan criterios justos y equitativos. En tal razón la propuesta normativa declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la comisión multisectorial denominada «Comisión de Reforma del Sistema Tributario» adscrito a la Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que se trata de una competencia del Poder Ejecutivo, sin embargo, es importante que el Congreso plantee propuestas que permitan coadyuvar a los sectores más vulnerables del país, quienes sobre todo se han visto afectados por la actual crisis económica. Concluye la exposición de motivos que el Perú necesita una reforma con urgencia, porque existen sectores que han sido gravemente afectadas por las consecuencias económicas ocasionadas por el COVID 19.