Congresistas de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio, Podemos Perú, Unión por el Perú y Nueva Constitución presentaron un proyecto de ley que autoriza someter a referéndum la elaboración de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, proyecto que tiene siete artículos. El proyecto sostiene en resumen que se autoriza al Presidente de la República a convocar a referéndum consultivo para que los ciudadanos decidan si están de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Constituyente que apruebe la nueva Constitución Política que debe realizarse el 11 de abril del 2021, por lo la convocatoria debe efectuarla el Jefe de Estado 60 días antes de la realización del referéndum a través de un decreto supremo.

Agregan que la consulta a los ciudadanos se efectuará mediante una cédula especial de referéndum con la siguiente pregunta: Aprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la nueva Constitución Política la que tendrá dos opciones de respuesta con el SI o el NO. El proyecto indica que el Presidente de la República convoca a elecciones a la Asamblea Constituyente a los 90 días de haber asumido el cargo el 28 de julio del 2021 realizándose las elecciones de la Asamblea Constituyente el segundo domingo de abril 2022 la que debe instalarse 15 días después de la proclamación y acreditación de los nuevos asambleístas por el Jurado Nacional de Elecciones.

La Asamblea Constituyente estará conformada por 130 asambleístas elegidos en distrito electoral múltiple distribuido por departamentos garantizando la representación de los pueblos originarios y afroperuanos, gozando los asambleístas de inmunidad parlamentaria siendo la duración de la Asamblea de un año a partir de su instalación. En la exposición de motivos, el proyecto multipartidario argumenta con los siguientes fundamentos.

Los congresistas sostienen que la Constitución de 1979 fue un pacto social que legitimó una nueva organización política, económica y social con un régimen económico fundado en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la personas humana, mientras que la Constitución de 1993 fue la salida política del régimen de facto del gobierno corrupto de Fujimori con la instalación del Congreso Constituyente Democrático que no fue negociada con las fuerzas sociales y políticas del país sino con la OEA por lo que careció de legitimidad la Constitución, y que la reforma constitucional parcial y reforma total es una abstracción conceptual que la actual Carta Magna no define ni lo hace posible convirtiéndola en inviable.

Sobre la necesidad de contar con una nueva Constitución, argumentan que la Carta de 1993 fue una imposición autoritaria de un gobierno de facto de Fujimori, el Congreso Constituyente Democrático no fue un Poder Constituyente sino de un Congreso Ordinario y la ratificación del referéndum de la Carta de 1993 fue técnicamente viciado e ilegítimo, y no fue un factor de armonía, convivencia y paz que deben ser los objetivos de una nueva Constitución y se ha convertido en discordia y distanciamiento social. Agregan que el Estado se ha replegado, es marginal y atrofiado y es funcional a los intereses del capital y de la libre iniciativa por lo que es indispensable la consagración de un nuevo Estado, por lo que es indispensable plasmar un nuevo contrato social por lo que la consulta social es un mecanismo de participación política consagrado en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que es legal y constitucional consultarle al pueblo mediante referéndum consultivo si está a favor o en contra de la convocatoria a una Asamblea Constituyente en las elecciones generales del domingo 11 de abril del 2021 para que elabore una nueva Constitución Política.