El primer poder del Estado es el Congreso de la República
Hoy el Congreso Nacional en ocasión de recordarse su 198 aniversario de creación en sesión solemne, su presidente, Manuel Merino, pronunciará su discurso, donde esperemos efectué un balance auto critico del trabajo del poder legislativo desde que la actual representación parlamentaria fue elegida en enero 2020 por voluntad del soberano. No tengo ninguna duda que el Congreso es el primer poder del Estado, que con seguridad otros ciudadanos cuestionarán, ya que hoy el Parlamento está en el ojo de la tormenta, por estar ejerciendo el control político que por mandato constitucional le corresponde.
Por las siguientes razones reafirmó que el Congreso es el primer poder del Estado, lo que no supone que los otros poderes públicos, estén subordinados al legislativo, ya que nuestra Estado Constitucional reconoce la separación de poderes públicos a través del artículo 43 de la Carta Magna.
El Congreso Nacional en el Perú y en todos los Estados del Mundo, es elegido por la totalidad de electores de un país, lo mismo que el presidente de la República. La diferencia está que mientras al Congreso elegido por el pueblo representa al 100% del electorado que hoy tiene 9 bancadas parlamentarias, lo que significa que están representadas todas las corrientes políticas del país, mientras que el presidente de la República, solo es elegido si obtiene más del 51% de votos, ya que la votación nacional restante prefirió otros candidatos presidenciales.
Asimismo, el Congreso en representación del soberano, aprueba las reformas constitucionales y las leyes que forman parte de la estructura constitucional del Estado Peruano que son de obligatorio cumplimiento para todos, lo que no pueden hacerlo el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, salvo que el Parlamento les delegue estas competencias que deben ser revisadas posteriormente por el legislativo. En su ejercicio de control político, el Congreso también tiene la competencia constitucional de aprobar el presupuesto anual de la república, aprobar o derogar la creación de impuestos, interpelar y censurar a ministros.
Otra forma de evidenciar que el Congreso es el primer poder del Estado en representación del pueblo es cuando el presidente del Consejo de Ministros, solicita voto de confianza a su política de gobierno al Congreso, el cual puede otorgarla o denegarla. Asimismo, cuando el Presidente de la República tiene la obligación de juramentar ante el Pleno del Congreso que representa al pueblo, pero el Congreso no juramenta ante el Jefe de Estado. También cuando cada 28 de julio, el presidente de la República en mensaje a la Nación rinde cuentas de su gestión ante el Congreso, ya que este último representa a todo el pueblo.
Otra diferencia es que el Congreso puede aceptar o denegar la renuncia del Presidente e incluso puede declarar la vacancia del Jefe de Estado por incapacidad física, mental o moral conforme lo señala el artículo 113 inciso 2 que hoy se debate en el país. También cuando el Congreso es el único poder estatal quien debe autorizar el viaje al exterior del Presidente de la República, pero también cuando ejerce la competencia constitucional de acusar constitucionalmente al Presidente de la República y altos funcionarios de Estado por infracción a la Constitución.
Reitero que el Congreso es el primer poder del estado, ya que representa a todas las sangres y venas políticas del país, sin que eso implique que los otros poderes estatales estén subordinados al poder legislativo, ya que en el Perú hay división y autonomía de poderes públicos que debemos respetar todos los peruanos por mandato constitucional. Al recordarse el 198 aniversario de creación del Poder Legislativo en la fecha, es necesario efectuar una apreciación critica al primer poder del Estado y no sólo reconocerlo como primer poder estatal, aunque sean discutibles las normas legales que aprueben.
El Congreso es un poder público que expresa la soberanía del pueblo y refleja el pluralismo político y social de la Nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen, los 130 congresistas elegidos. Encarnan, por tanto, al poder constituido por la voluntad popular y tiene funciones específicas. Entre ellas, expedir normas legales de acuerdo a los procedimientos constitucionales, controlar el ejercicio del poder, fiscalizar los actos de los gobernantes y ejercer representación política.
En el Perú, el primer Congreso Constituyente se instaló el viernes 20 de septiembre de 1822 en una ceremonia que se desarrolló en la capilla antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos luego que el General San Martín pronunciara las siguientes palabras, “Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes”.
Los primeros integrantes del Congreso hace 198 años atrás, fueron 71 representantes, siendo su trabajo inicial la redacción y aprobación de la primera Constitución Política que fue promulgada el 12 de noviembre de 1823. Desde su instalación hasta hoy, año 2020, han transcurrido 198 años, en los cuales este poder del Estado, tuvo una frágil institucionalidad, tal como sucedió con nuestra República. Tuvo recesos, interrupciones, golpes de estado, lo que en ocasiones motivó que el Parlamento se instale y sesione fuera de Lima.
El hemiciclo tuvo brillantes tribunos, juristas, oradores y polemistas que la historia legislativa no ha resaltado. Por supuesto que también el legislativo tuvo representantes repudiables e impresentables que no hicieron honor a su denominación de “Padres de la Patria”. Hoy en el siglo XXI, el Parlamento que merecería tener amplio respeto y prestigio institucional por parte del soberano, lamentablemente en imagen ante la opinión pública, cada vez está más devaluado por múltiples razones que no viene al caso enumerar. El Congreso requiere por tanto de una reforma profunda, a nivel constitucional y reglamentario, no sólo institucionalmente, sino también de sus nuevos inquilinos.
Esas auto reformas deberían ser promovidas hoy por su Presidente, Manuel Merino, ya que habitualmente al iniciarse el periodo parlamentario, hay predisposición política para hacer y aceptar los cambios, lo que no sucede posteriormente. Por lo tanto, considero necesario se efectúen modificaciones constitucionales al poder legislativo, las cuales podrían contribuir a recuperar su prestigio en el futuro. Entre las ellas, las más importantes a mi juicio serían las siguientes:
1.- Formar una Comisión Especial que revise toda la Constitución de 1993 que tiene 26 años de vigencia y requiere una actualización, donde se proponga algunas modificaciones consensuadas entre las 9 bancadas parlamentarias, ya que el Estado en plena pandemia sanitaria, ha evidenciado carencias y debilidades para atender rápidamente a los ciudadanos en los sistemas de salud y otros sectores públicos. Es un error del parlamento no haber formado dicha comisión especial y con mayor razón a un año de recordarse nuestro primer bicentenario el 2021. 2.- Restringir los alcances de la inmunidad parlamentaria. Esa protección constitucional ha permitido abusos de legisladores que rehúyen procesos judiciales con la complicidad de sus bancadas y de algunos padres de la patria que difaman y calumnian gratuitamente a honorables ciudadanos o a sus pares, amparándose en su inmunidad, lo que ha devenido en un privilegio impropio del siglo XXI el cual debe revisarse en forma impostergable.
2.- La revocatoria del mandato parlamentario. En un estado constitucional de Derecho, todo lo que se crea, se puede cambiar, respetando obviamente los procedimientos y plazos establecidos. En una democracia no hay vacas sagradas ni intocables y lo que el pueblo elige, el soberano lo puede cambiar, por lo que, en el primer poder del Estado, solo deben estar los legisladores más eficientes, más productivos y con comportamiento intachable. La elección popular no puede constituir un cheque en blanco a favor de los legisladores por cinco años y mantenerlos, aunque sean improductivos e incapaces.
3.-Debería eliminarse el artículo 90 de la Constitución que señala que los candidatos a vicepresidentes puedan ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso, al igual que en el artículo 92, el cual señala que el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado. No puede servirse a dos poderes estatales a la vez. Ambos cargos son incompatibles y reñidos con la función pública y ética pública. O se es congresista o se es Ministro a tiempo completo, pero ambos cargos no pueden mantenerse paralelamente, ya que es un poder representar al poder ejecutivo, que ejecuta lo que el gobierno prioriza, pero el otro poder es el encargado de fiscalizar por naturaleza, por lo que un parlamentario no puede ser juez y parte en un quinquenio. Eso desprestigia a la institución legislativa y debería modificarse.
4.- El mandato legislativo debe ser renunciable. No puede mantenerse en el parlamento a legisladores que no tienen voluntad, ni interés de permanecer en el primer poder del Estado tal como sucedió con el Congresista Javier Valle Riestra. Así como hay libertad amparada en el derecho de participación política para postular al Parlamento, también debería haber libertad para renunciar al cargo por razones previamente establecidas.
5.- Debería permitirse a futuro que postulen al Congreso representantes de organizaciones cívicas o sociales en frentes con personería jurídica reconocida para evitar que los partidos políticos incorporen en sus listas solo a candidatos que ofrecen dinero para financiar campañas o virtuales subastas de candidaturas, postergando a legítimos representantes de sectores sociales, productivos o profesionales. 6.- Urge, asimismo, que el Congreso ejercite un control político más severo a las normas que emite el poder ejecutivo lo que obligaría a revisar la Constitución sobre la delegación de facultades cuando se trata de decretos legislativos o poner parámetros más precisos cuando el ejecutivo emite decretos de urgencia.
Los proyectos de decretos legislativo y decretos de urgencia debería ser pre publicados por transparencia, como sucede con todos los proyectos de ley que presentan los Congresistas y se cuelgan en el portal del Congreso. Solo desde el año 1994 hasta el año 2011, los gobiernos de turno emitieron más de 1,300 decretos de urgencia y más de 1,000 decretos legislativos, abusando o interpretando erróneamente la denominación de “medidas extraordinarias o interés nacional”. El caso emblemático fue del Baguazo cuyo trágico saldo nos dejó 32 muertos donde el papel del Parlamento fue muy deplorable e incumplió su rol constitucional ya que oportunamente no ejerció control político al gobierno aprista.
Pero también el reglamento interno del poder legislativo que tiene categoría de ley orgánica, debe modificarse para recuperar la confianza del pueblo, en los siguientes casos: 1.- Debería publicarse obligatoriamente y en forma mensual, el reporte de asistencia de todos los legisladores para que la ciudadanía esté informada del trabajo diario de los Congresistas y evitar abusos y excesos de los padres de la patria.
2.- Debe limitarse el número de licencias a los legisladores ya que es vergonzoso que en ocasiones las sesiones del pleno del Parlamento solo haya 70 u 80 legisladores de los 130 integrantes del Congreso. 3.- El Parlamento debería consultarle al pueblo una vez al año cuáles son las leyes que con prioridad les gustaría que sean debatidas y aprobadas. Con frecuencia es la junta de portavoces la que define la agenda legislativa anual de acuerdo a sus intereses políticos, económicos y sociales, pero en ningún momento es consultado el pueblo. Consultarle al soberano no solo legitimaría al Parlamento, sino que también le permitiría fomentar la participación ciudadanía y la transparencia en sus actos.
4.- Es necesario que todas las sesiones del pleno del Parlamento se transmitan en vivo y en directo por el canal del estado o la emisora estatal, ya que muchos de los debates parlamentarios para aprobar, derogar o modificar leyes o artículos constitucionales, merecen ser conocidos por la población para saber cómo participan las bancadas políticas y nuestros legisladores en cada tema específico, incluida la labor de fiscalización, ya que no basta con el canal de televisión del Congreso que tiene reducida audiencia. El país tiene derecho a conocer cómo se expresan y votan los legisladores, ya que sus decisiones tienen impacto positivo y negativo en la sociedad peruana.
El Presidente del Congreso, Manuel Merino, tiene que plantearse como objetivo en lo queda de su mandato, la transformación del poder legislativo: O se auto reforman y ellos mismos presenten proyectos de reforma constitucional para recuperar la confianza del ciudadano o seguirá siendo percibido como una olla de grillos con intereses diversos y de espaldas al soberano, auto desprestigiándose institucionalmente lo que los 130 legisladores deben evitar ya que, a nuestro juicio, el Congreso es el primer poder del Estado. Los peruanos queremos un Congreso, eficiente, transparente, participativo y moralmente intachable, ya que nos representan a los 33 millones de peruanos.
Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado