480 informes de control simultáneo por el COVID 19 ejecutó la Contraloría a diversas entidades públicas de Arequipa, de los cuales 64 fueron al GRA, donde se identificó incumplimiento de plazos en los procesos de adquisición directa de bienes y servicios, falta de expedientes técnicos en la ejecución de proyectos de infraestructura y demoras en la ejecución presupuestal, entre otros. Así lo manifestó el Contralor Regional, Fabio Niño de Guzmán, en la entrevista que concedió al Portal Arequipa Misti Press, quien precisó que impusieron 109 sanciones administrativas con inhabilitación a funcionarios públicos de Arequipa al mes de julio 2020, habiendo derivado a la Procuraduría Anticorrupción 15 procesos donde se encontró indicios de delitos.

¿Cuántas acciones de control programó su institución en el plan anual 2020 en la región y cuántas ya ha ejecutado?

Planificado, 375 servicios de control. A la fecha, hemos emitido y publicado 559 informes de control, es decir un cumplimiento aproximado al 150%.

¿En qué entidades se ejecutó el control, qué tipo de control fueron y cuáles son las conclusiones y recomendaciones?

A nivel nacional la CGR ha emitido más de 8600 informes de control durante la emergencia sanitaria.  En Arequipa, como informé se tiene un total de 559 informes de control sobre temas vinculados a la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también materialidad no COVID. De este total, 64 corresponden al Gobierno Regional de Arequipa y sus unidades ejecutoras. También se intervino en municipalidades provinciales, distritales, hospitales, comisarías, Sedapar, Seal, Unsa, entre otras instituciones públicas.

¿Cuántas y qué tipo de auditorías ejecutaron y cuáles son los resultados?

Tenemos planificado ejecutar 57 informes de control posterior entre auditorías y controles específicos, meta que se encuentra en desarrollo.

¿Cuántas sanciones ha impuesto por responsabilidad administrativa funcional su institución en Arequipa el año 2019 y 2020, a qué instituciones y funcionarios y, de qué tipo fueron esas sanciones?

Al 31 de julio de 2020 se tiene vigente 109 sanciones administrativas (inhabilitación para laborar en el sector públicos de hasta 5 años) impuestas a funcionarios de diversas entidades públicas de Arequipa, como el Gobierno Regional, municipalidades provinciales y distritales, Sedapar, Unsa, entre otras.

¿Cuánta efectividad tienen los informes de control y cuánto de lo que ustedes encuentran como presunción de delitos, finalmente son sancionados en el Poder Judicial de Arequipa? ¿Tienen estadísticas de los últimos años?

Cada año el trabajo de la Procuraduría de Contraloría tiene como resultado que, entre 10 y 15 funcionarios, con presunta responsabilidad en los informes de control posterior, sean sentenciados por el Poder Judicial. El año pasado se desarrollaron 120 procesos, de los cuales 60 fueron trasladados a la Procuraduría Anticorrupción. Este año tenemos 25 procesos producto de nuevas denuncias.

Del total de entidades públicas registradas en Arequipa a junio del 2020, ¿Cuántos titulares cumplieron o incumplieron la rendición de cuentas del 2019 ante la Contraloría y qué sanciones aplicarán a quienes no cumplieron con esa obligación prevista en la ley orgánica de su institución?

Por la Emergencia Sanitaria actual, la Contraloría a través de la Resolución N° 176-2020-CG, amplió hasta el 15 de julio de 2020 el plazo para presentar la «Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades», correspondiente al período anual 2019. A la fecha aún no se cuenta con información estadística sobre el cumplimiento de esta obligación.

Según la Ley Orgánica de la Contraloría, ustedes tienen que informar o emitir opinión sobre las capacidades financieras que otorgue el Estado o capacidad de crédito sobre proyectos públicos-privados. El gobierno regional pretende suscribir un convenio con el MINAGRI para que el gobierno nacional asuma la obligación del Proyecto Majes Siguas II ya que la concesionaria no hizo el cierre financiero que estaba obligado y ahora se pretende suscribir la adenda 13 sobre un supuesto cambio tecnológico que según los consejeros regionales favorecen a la empresa concesionaria. ¿Cuál es la posición de la Contraloría sobre el Proyecto Majes II? ¿El gobernador regional antes de pedir al MINAGRI la suscripción de este Convenio le pidió opinión oficial a su entidad? ¿En qué responsabilidad incurrirán el gobernador y consejeros si suscriben este convenio con MINAGRI teniendo en cuenta que la concesionaria no habría cumplido con su obligación del cierre financiero?

Producto de la emergencia sanitaria el gobierno nacional amplió los plazos, y el Ministerio de Economía y Finanzas aún no emite opinión sobre la Adenda 13 de Majes II, por lo tanto, la Contraloría no ha emitido opinión formal sobre el tema. Sin embargo, la Gerencia de Megaproyectos de Contraloría y el OCI de Autodema, han emitido en los últimos años, informes de control simultáneo sobre Majes II donde dan a conocer situaciones adversas, cuyo contenido se puede visualizar en el buscador de informes de Contraloría en su portal web.

La ex gobernadora Osorio y el actual, Cáceres Llica, señalaron a la prensa meses atrás que la Contraloría se excedió en sus funciones de control realizadas al Gobierno Regional el 2019 y 2020. De esos informes de control o auditorías, ¿Cuántas pasaron al Ministerio Público, cuales son ellas, quienes son los responsables y cuanto sería el perjuicio económico al Estado?

La Contraloría cumple su rol constitucional de vigilar el correcto uso de recursos del Estado por las entidades públicas y emite informes netamente técnicos. Durante el 2019 en Arequipa, la Gerencia Regional emitió y publicó 32 informes de control posterior, entre auditorías y servicios de control específico, identificando a 188 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal. En estos informes se identificó perjuicio económico por más de S/ 19 millones.

¿Cuántos informes de control sobre COVID 19 ejecutó su institución en Arequipa hasta el 15 de agosto, qué tipos de informes fueron y cuál fue el monto total de transferencias evaluadas del presupuesto que asignó el MEFC?

El 6 de abril de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31016, Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La norma permitió que la Contraloría General de la República, en el marco de sus atribuciones constitucionales, despliegue el control simultáneo a la emergencia sanitaria en sus modalidades de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.  En este periodo a nivel nacional se han emitido y publicado más de 8600 informes. En Arequipa desde el 12 de marzo al 14 de agosto de 2020, la Contraloría General emitió y publicó un total de 480 informes de control simultáneo, sobre temas vinculados a la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19.  Previo a la emergencia sanitaria, entre enero y la quincena de marzo se emitieron 79 informes de control simultáneo, que no tienen relación al COVID-19, lo que hace un total de 559 en el presente año.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos y cuáles fueron los principales problemas que detectó la Contraloría a entidades de Arequipa?

Se ha identificado: incumplimiento de plazos en los procesos de adquisición directa de bienes y servicios, falta de expedientes técnicos en la ejecución de proyectos de infraestructura, demoras en la ejecución presupuestal, lentitud e inconsistencias en la identificación de beneficiarios y entrega de canastas de alimentos, inadecuado almacenamiento de equipos de protección personal, entre otras situaciones adversas. También, se ha advertido deficiencias en la capacidad de respuesta de hospitales, deficiencias en la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de los nosocomios Honorio Delgado y Goyeneche, así como en el Geriátrico, Pedro P. Díaz, en adquisiciones directas de bienes y servicios, de equipos biomédicos e implementos de bioseguridad para el personal de salud, en la construcción del cementerio Culebrillas, Centro de Aislamiento Cerro Juli, entre otros.

Los informes se encuentran publicados en el portal institucional de la Contraloría (www.contraloria.gob.pe). Un 60% aproximadamente de los 480 informes publicados sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha tenido respuesta ni presentación de planes de acción por parte de las entidades. Las autoridades regionales y locales buscan justificar estas omisiones en su limitada capacidad operativa producto de la emergencia.

Luego de los informes de control a entidades de Arequipa, ¿Algunas de ellas pasarán a la Procuraduría de Contraloría para ser remitida al Ministerio Público?

El trabajo en estos cinco meses ha sido de acompañamiento a las entidades públicas con el control simultáneo. Ahora estamos poniendo un mayor énfasis en control posterior, donde se identificarán presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales, en temas vinculados a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

¿Qué lecciones deja a las entidades públicas de Arequipa y la Contraloría la pandemia del COVID 19?

Se ha puesto en evidencia la débil institucionalidad pública en el país, fundamentalmente en el sector salud y en los gobiernos regionales y locales. Más allá de las buenas intenciones se ha visto mucha improvisación para dar respuesta a esta problemática. También, se ha percibido una limitada capacidad para ejecutar los recursos públicos destinados desde el gobierno nacional para Arequipa y no se gasta en forma eficiente para atender a la población más vulnerable. Finalmente, queda comprobado que el trabajo de la Contraloría General es fundamental para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, pues hemos advertido que los responsables de ejecutar los presupuestos muchas veces trabajan con informalidad y no registran información en los sistemas de control, lo cual daría lugar a un aprovechamiento indebido de la situación de la emergencia para beneficio propio.