Acción Popular a través del Congresista, Luis Simeón Hurtado, presentó el proyecto de ley de peajes ya que el país carece de una ley de peajes pese a que hay muchas normas jurídicas nacionales, regionales y municipales vigentes en el país. Los principales argumentos del proyecto de ley es regular las concesiones de infraestructura vial con peajes a nivel nacional de iniciativas privadas o cofinanciadas cautelando los intereses del Estado Peruano, debiendo aplicarse a todas las personas naturales y jurídicas, siendo las entidades competentes las siguientes.

El Ministerio de Transportes, OSITRAN, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, siendo varias las condiciones para la suscripción de los contratos de concesión de peajes. Entre ellos los siguientes: inclusión de cláusula anticorrupción, inclusión de cláusula de renegociación del contrato de concesión, suspensión del contrato de concesión por caso fortuito o fuerza mayor, condiciones específicas para establecer la cláusula de terminación anticipada, publicación del libro blanco del contrato de concesión que implique reportes mensuales de recaudación por cobro de peajes a los usuarios, condiciones de reajuste tarifario, condiciones de uso de los recursos del peaje, obligatoriedad de establecer vías alternas o accesorias de carácter gratuito respetando el libre derecho al tránsito del ciudadano, condiciones para garantizar el adecuado mantenimiento, operaciones y desarrollo de las vías, etc.

También propone que se puede dar la nulidad de los contratos cuando se cuente con la opinión favorable del Ministerio de Economía y del organismo regulador, mientras que en las disposiciones transitorias propone que cuando el Estado declare emergencia nacional suspenda de forma excepcional y provisional el cobro de peajes en la red vial nacional, regional o local lo cual no causará ni generará derecho compensatorio. El proyecto agrega que los concedentes de contratos de concesión de infraestructura vial en peajes en plazo de 60 días luego que se reglamente la ley, debe renegociar los términos del contrato que cuenten con adendas aprobadas sin opinión favorable del Ministerio de Economía o tengan indicios de corrupción.

El congresista argumenta que en los peajes concesionados, se han dado varios casos de corrupción en las últimas dos décadas, entre ellas, en la Interoceánica Sur ya que en cuatro peajes su costo inicial fue de 13 millones de dólares, pero finalmente se incrementó a 76 millones de dólares, mientras que en la ciudad de Lima las concesiones viales de Rutas de Lima y Línea Amarilla que fueron concesionadas a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht que financiaron campañas electorales de ex alcaldes recaudaron en sus 18 peajes la suma de 2,600 millones de soles que fue un escándalo nacional. El proyecto de ley de Acción Popular pasará a las comisiones de economía y transportes donde será analizado y en su momento escuchará a representantes del sector privado y público para que emitan opinión técnica sobre la propuesta legislativa.

Sin embargo, es oportuno recordar que el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo 2020 la Ley 31018 que suspende el pago de peajes en la red nacional, regional y local concesionada en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. Ante esta decisión del parlamento, el Poder Ejecutivo decidió presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que aprobó el Congreso confirmó el Primer Ministro Vicente Zeballos ante el Tribunal Constitucional. El funcionario afirmó que la Ley aprobado por el Congreso contraviene la Constitución, ya que el tráfico de vehículos es menor por la emergencia sanitaria, ya que no se sabe quién va asumir los gastos de mantenimiento de las carreteras e incluso los concesionarios de los peajes podrían denunciar al Estado Peruano ante el CIADI lo que podría sancionar económicamente a nuestro país. En la primera semana de junio, los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia en el Perú, en carta que dirigieron al Presente del Congreso, expresaron su malestar por la Ley que suspende los peajes por la emergencia nacional, lo que generó críticas a dichos embajadores, ya que se inmiscuyen en asuntos internos del país que, de acuerdo al Derecho Internacional, no tienen ninguna atribución para cuestionar decisiones políticas del Estado Peruano. El Ministro de Relaciones Exteriores se reunió con los embajadores y afirmó que se disculparon por los términos de la carta al Presidente del Congreso.