El congresista Absalón Montoya Guivin del Frente Amplio presentó el proyecto de ley por el cual se pretende modificar el artículo 27 de la ley 29459 de productos farmacéuticos por el cual la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos establece la regulación de precios de medicamentos, productos sanitarios con prescripción médica, productos no sujetos a prescripción médica u otros productos necesarios para la protección de la salud, siendo esta autoridad quien deberá fijar el monto máximo de venta al consumidor de sectores privados y públicos sobre medicamentos por la emergencia sanitaria. El INDECOPI se encargará de supervisar el cumplimiento de los precios máximos de venta y de imponer las sanciones correspondientes, para lo cual debe modificarse el artículo 2 del decreto legislativo 1033.

El proyecto agrega que ante el estado de emergencia que atravesamos, las empresas de medicamentos informan los precios máximos de medicamentos y los precios anteriores a la emergencia sanitaria, debiendo publicar el Ministerio de Salud y los entes reguladores en su página web los precios vigentes antes de la emergencia, siendo sancionados los particulares el incumplimiento de la ley bajo responsabilidad administrativa y penal, las que tendrán vigencia el tiempo que dure la emergencia sanitaria plazo que podrá ser prorrogada por la Autoridad Nacional de Salud. En la exposición de motivos del proyecto de ley, el congresista señala que algunos medicamentos se incrementado en forma abusiva en contra de los sufren esta enfermedad por parte de las cadenas de farmacias monopólicas existentes en el país.

Afirman que un inhalador que costaba 18 soles hoy cuesta hasta 160 soles, mientras que las clínicas privadas han elevado en forma abusiva los costos del tratamiento a pacientes por el COVID 19 pues cobran desde 560 soles por la realización de pruebas de diagnostico y hasta 60 mil soles por la hospitalización de pacientes asegurados, mientras que el según el INEI, los costos de los medicamentos se incrementó del 0.10% hasta el 2.4%, convirtiéndose en la práctica los medicamentos en una mercancía más en el mercado peruano ante la nula intervención del Estado, siendo la sociedad la afectada ante las empresas farmacéuticas que se enriquecen de manera abusiva.

El congresista agrega que el artículo 234 del Código Penal establece el delito de especulación que puede ser sancionado hasta con 3 años de pena privativa de libertad cuando el productor, fabricante, o comerciante pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, medidas legales que han sido adoptados en los países de Argentina, Francia y Sudáfrica.