El gobernador regional y sus funcionarios están angustiados, ya que expertos independientes, instituciones, ni los consejeros regionales se convencen de las supuestas “bondades de la adenda 13” del cambio tecnológico que pretende suscribir con la concesionaria que significaría un egreso de 104 millones de dólares para el tesoro público. El ministro de agricultura, Jorge Montenegro, afirmó que se enviará informes a la Contraloría y Ministerio de Economía para que emitan opinión sobre la posibilidad de la suscripción de la adenda 13 que es una alternativa para relanzar el proyecto Majes que no puede paralizarse.

El Gerente de Planeamiento y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi y el Gerente del Proyecto Majes Siguas, Alfonso Cari, expusieron ante los consejeros regionales las razones de por las cuales debe suscribirse la cuestionada adenda, justificando el cambio de canales por tuberías que tendrá un costo de 104 millones de dólares. Rospigliosi sostuvo que, si los consejeros no firmaban la adenda 13, se irá al arbitraje, debiendo asumir los consejeros sus responsabilidades, en virtual chantaje a los parlamentarios regionales, quienes incrédulos se preguntaban si el funcionario representaba al gobierno regional o la concesionaria. Sobre el proyecto que tiene implicancias sociales, económicas y políticas para Arequipa, solicitamos la opinión de diversos especialistas y les pedimos que nos dieran tres argumentos a favor o en contra de la pretendida suscripción de la adenda 13 y estas fueron sus respuestas.

Ing. Huber Valdivia (ex Jefe del PSI). “Es un costo inútil de 104 millones de dólares para cubrir la menor oferta de agua del río Apurímac de 30 millones de m3. No se desarrolló otras alternativas más bajas como represa en Sibayo, Alto Siguas, Cayomani, Sañu, etc. Con un nuevo balance hídrico, no habría necesidad de adenda alguna. Es una aberración técnica la propuesta de un nuevo diseño, con reservorios de geomembrana, alta presión de hasta 163 m. donde solo se requiere 50 y genera dudas operar tuberías de un diámetro hasta 2.7 metros. Que nos expliquen donde quedan los planes de contingencia. En Arequipa ya tenemos una experiencia de 40 años en San Camilo y 35 años en Majes”.

Luis Calle (Economista, ex Director de AUTODEMA). “Estoy de acuerdo con la suscripción de la adenda 13. En proyectos la variable tiempo es la que incrementa los costos. El año 2,000 costaba 198 millones de dólares y con la adenda 12 llegó a 550 millones habiéndose incrementado en 10 años en 352 millones de dólares. Económicamente estamos en un punto de no retorno, porque nos saldrá más caro no hacerlo. Si hubo malos manejos y hay denuncias penales, el proyecto no puede paralizarse más tiempo. En mayo caduca el estudio de impacto ambiental y quedaríamos en cero de no concretarlo. La probable denuncia y la adenda deben ir por cuerdas separadas. Arequipa solo tiene Majes como gran inversión que reactive la ocupación para sacarnos de la paralización en que nos encontramos”.

Ing. Jesús Díaz (Presidente de la SADA). “Adportas del vencimiento del EIA, estaríamos obligados a firmar la adenda 13. Pero, la adenda que pretende suscribirse es porque hubo muchos errores de la gestión de la ex gobernadora Osorio y de la concesionaria que no pudo hacer el cierre financiero que debió ser motivo para resolver el contrato, que no se hizo oportunamente. No es verdad que habrá un cambio tecnológico, ya que solo hay un cambio en el sistema de conducción del agua, ya que de canal abierto pasará a tubería y eso no es tecnología. El ahorro de agua por el entubado no es significativo, según el PSI del Ministerio de Agricultura que el ministro no ha tomado en cuenta, ya que según ese informe hay muchos inconvenientes técnicos. SADA no convalidará estos errores en la gestión regional de Osorio y Cáceres Llica y sus técnicos mediocres. No podemos avalar un egreso de 104 millones de dólares que saldrá del tesoro público”.

Dr. Carlos Leyton (ex ministro de agricultura). “El tema es controvertido, porque tiene aspectos a favor y en contra. A favor se tiene se puede hacer uso adecuado del agua con el cambio tecnológico y establecer el cobro del agua de acuerdo al uso, así como la utilización de abonos puede ser mejor utilizado por los cultivos mejorando la producción agrícola. En contra, porque el costo económico no es muy claro ya que se pagarán más caro por las parcelas, por lo que debería revisarse todos los costos adicionales”.

Nelson Martínez (Presidente de la Junta de Usuarios de Pampa Majes). “Estamos en contra la suscripción de la adenda. El desembolso económico es insulso ya que cambiar el sistema de cemento por tuberías dada la velocidad del pendiente del agua no se justifica. Los vasos reguladores son de geomembrana que no permitirían su lavado por la gran cantidad de sólidos que trasladaría el agua. Lo peor, es que se incrementaría el costo de las parcelas que inicialmente era de 5 mil dólares, se incrementaría a más de 12 mil dólares solo en terreno, al margen de la infraestructura agrícola, alejando la posibilidad que pequeños y medianos agricultores tengan parcelas, favoreciendo a los grupos económicos”.

Ing. Adolfo de Córdova (ex ministro de agricultura). “No debe suscribirse la adenda 13 por las siguientes razones. “La concesionaria afirma que es necesario el cambio tecnológico por la pérdida por evaporación del agua y eso no es cambio tecnológico, debiendo respetarse el riego presurizado que ellos no lo consideran. El proyecto inicial el 2010 fue consensuado y señalaba que cualquier cambio debía ser de mutuo acuerdo sin que signifique ningún costo adicional que hoy no quiere respetar la concesionaria. De firmarse la adenda 13, se legalizaría todos los errores cometidos por el gobierno regional y la concesionaria, entre ellos el cierre financiero que no cumplió la empresa privada. El costo original el 2010 fue de 404 millones, el 2015 subió a 550 millones y de suscribirse la adenda 13 se incrementaría por encima de 650 millones de dólares que lo convertiría en inviable. Antes de la suscripción, debería tenerse el informe favorable del MEFC, Contraloría, la Supervisora que no dice nada y de Pro inversiones. Si se suscribe la adenda, se iría contra la ley de asociaciones público privada que señala que un proyecto no puede reajustarse en más del 15% del costo original. Si el gobernador y los consejeros suscriben la adenda, incurrirían en responsabilidad legal, que el Ministerio Público deberá investigar”.

Sobre el tema en cuestión, dos instituciones representativas de Arequipa emitieron comunicados oficiales. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, “invocó al gobierno a destrabar el Proyecto Majes y darle prioridad promoviendo el crecimiento económico y desarrollo de Arequipa que permitirá a futuro convertirnos en una región agroexportadora y que las controversias legales sean resueltas en las instancias respectivas”. El Colegio de Ingenieros de Arequipa, refirió que la adenda 13 no debe firmarse porque el “concesionario no cumplió con acreditar su capacidad económica financiera para ejecutar la obra y no hizo el cierre financiero que era su obligación. El cambio de sistema de condición y distribución de agua de canales abiertos a tuberías de presión, no justifica incrementar el costo del proyecto y el diseño hidráulico propuesto por el concesionario, encarece innecesariamente el proyecto en el costo de instalación, reposición, operación y mantenimiento, el cual debe ejecutarse en forma responsable y sin perjuicio económico del país”.

Debe recordarse que el candidato Elmer Cáceres el 16 de setiembre del 2018, señaló a la prensa que enviaría una carta notarial a la gobernadora Osorio para que se abstenga de firmar la adenda 13, de lo contrario le iniciaría un proceso legal, porque incurriría en el delito de malversación de fondos del gobierno regional. En la ceremonia de juramentación a su cargo el 07 de enero del 2019 en la Plaza de Armas en su discurso de orden, Cáceres Llica remarcó que no firmaría la adenda 13 porque perjudicaría a Arequipa y el concesionario debería respetar el contrato inicial. ¿Qué razones e intereses le han hecho cambiar de opinión hoy al inquilino transitorio del gobierno regional? ¿Cáceres Llica y sus funcionarios está defendiendo los intereses de Arequipa o de la concesionaria que no cara a la prensa ni a la opinión pública?