La destitución del juez Richard Concepción Carhuancho viola la independencia judicial
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha destituido al magistrado Richard Concepción Carhuancho. Esta decisión se produce al margen de la ley y constituye, claramente, una venganza política contra el juez que tuvo un papel preponderante en la imposición de medidas restrictivas contra diversos políticos investigados en los casos vinculados con la corrupción de Odebrecht, algunos de los cuales hoy se encuentran en el poder.
- Una estrategia sistemática contra quienes incomodan al poder
De manera sistemática, la JNJ viene desarrollando, (en los hechos) una estrategia de liquidación de aquellos jueces y fiscales que han emitido resoluciones que afectaron a algunos líderes del fujimorismo o que cuestionaron decisiones arbitrarias adoptadas por el Congreso anterior.
Esta actuación resulta particularmente preocupante cuando coincide con las declaraciones reiteradas de un vocero autorizado del actual gobierno, el señor Fernando Rospigliosi, quien ha expresado la voluntad de su agrupación política de “barrer el sistema de justicia”.
Los casos de los ahora exfiscales José Pérez Gómez, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, así como del ahora exjuez Oswaldo Ordoñez, constituyen ejemplos de esta preocupante situación.
- La actuación de la JNJ vulnera principios fundamentales
Desde una perspectiva jurídica, las decisiones adoptadas por la JNJ han sido aberrantes y contrarias al orden constitucional. En el caso de Richard Concepción Carhuancho, se ha dejado de lado la decisión definitiva de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que archivó el procedimiento relacionado con los hechos que ahora sustentan su destitución.
Asimismo, se han desoído pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el reciente y explícito pedido formulado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.
La destitución del magistrado, además, resulta desproporcionada frente a los hechos que se le atribuyen y plantea serias dudas sobre el respeto de las garantías que deben regir todo procedimiento disciplinario.
- Un preocupante alineamiento institucional
A esta situación se suma el alineamiento de otras instituciones que deberían garantizar la independencia y los contrapesos propios de un Estado constitucional de derecho y que, por el contrario, vienen mostrando una preocupante coincidencia con las pretensiones de quienes hoy dirigen el país.
El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son instituciones fundamentales para preservar el equilibrio de poderes y las garantías democráticas. Por ello, preocupa que estas instituciones no estén actuando con la firmeza e independencia que sus funciones constitucionales exigen.
Del mismo modo, corresponde permanecer atentos a la elección que, en diciembre, definirá la presidencia del Poder Judicial, a fin de evitar que se consolide esta tendencia de sometimiento institucional.
Lo que se pretende construir, en los hechos, es un sistema de justicia sin independencia y subordinado al poder político.
- La actuación del Defensor del Pueblo y su responsabilidad con la elección de los integrantes de la JNJ
Mención aparte merece el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien, en una actitud abiertamente autoritaria, ha sugerido a la señora Keiko Fujimori que, para elevar su popularidad, cierre la Cámara de Diputados. Motivo por el cual ha sido denunciado constitucionalmente.
Este hecho no es menor. Josué Gutiérrez presidió la comisión que participó en la elección de la actual composición de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, sus actuaciones y declaraciones deben ser observadas con especial atención, dada la responsabilidad institucional que ha tenido en la conformación del órgano que hoy ejerce el control disciplinario sobre jueces y fiscales.
- La defensa del Estado de derecho es una urgencia democrática
Frente a esta situación, la coalición de partidos políticos que se ha propuesto contener los desvaríos autoritarios del régimen debe colocar entre sus primeras prioridades la defensa de la independencia judicial y de los mecanismos institucionales de control y contrapeso.
La defensa del Estado de derecho no puede ser postergada ni subordinada a intereses coyunturales.
Un Estado constitucional y democrático no puede mantener en funcionamiento a un órgano como la actual JNJ si este actúa al margen de la ley y termina convirtiendo su potestad disciplinaria en un instrumento de persecución contra quienes, desde la justicia, han ejercido su función frente al poder.
La independencia judicial no es una concesión del poder. Es una garantía de la democracia y un derecho de todos los ciudadanos.
Instituto de Defensa Legal
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