Proponen moción para crear Comisión Especial que estudie y fiscalice leyes acciones de protección a los discapacitados

Los diputados Victor Piñan y Roxana Rocha, presentaron la moción para crear la Comisión Especial de Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados, que tendrá como objeto estudiar, analizar, promover y fiscalizar las políticas públicas, programas, normas y acciones del Estado vinculadas con la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
La moción sugiere que se encargue a la Comisión Especial que, en el marco de sus funciones, formule propuestas legislativas y recomendaciones de política pública y desarrolle diversas acciones que contribuyan a eliminar las barreras que impiden la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad.
La Comisión Especial ejercerá sus funciones desde la fecha de su instalación y durante el período legislativo 2026-2028. A la culminación de cada legislatura anual, se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados, un informe de gestión que contemplará las acciones realizadas, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, al finalizar los dos años establecidos, se presentará un informe general sobre el trabajo realizado.
La moción refiere que la Comisión Especial estará integrada por un diputado de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. Sus integrantes serán acreditados por sus respectivos grupos parlamentarios y su nómina será aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
En la fundamentación de la moción presentada, afirman que de acuerdo con la información oficial del INEI (2017), más del 10,3 % de la población peruana, aproximada a 3 209 261 personas, tiene algún tipo de discapacidad, cifra que evidencia la dimensión y relevancia de esta agenda para el Estado y para el Congreso de la República.
Refieren que, la creación de esta Comisión Especial no debe entenderse como una duplicación innecesaria de funciones, que constituye una respuesta institucional frente a la magnitud de la población involucrada y a la necesidad de garantizar que sus derechos sean atendidos de manera transversal, especializada y permanente. Esto cobra especial relevancia después de más de 10 años de haberse aprobado la Ley General de Personas con Discapacidad, Ley N° 29973 y después de un periodo de crisis política que ha ralentizado la implementación de este marco normativos.
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