Por ocho votos a favor de los consejeros oficialistas y cinco en contra, el Consejo Regional de Arequipa en sesión ordinaria del martes 08 de septiembre, aprobó conceder autorización de viaje al gobernador regional, Rohel Sánchez, para trasladarse a Antofagasta en Chile del 28 al 30 de octubre para participar en una Conferencia Internacional sobre Regiones y Ciudades Mineras donde expondrá en un panel.

Según la petición solicitada por el gobernador regional, Sánchez, expondrá en Chile las ventajas de la Convención Minera que se realizaron en Arequipa en los últimos años y es una experiencia inédita que merece exponerse. El viaje generará un egresó económico superior a 8 mil soles al gobierno regional, quien deberá presentar un informe escrito al Consejo Regional en plazo de 15 días luego de su viaje a Antofagasta.

Varios consejeros cuestionaron la petición de autorización de viaje del gobernador Sánchez, entre ellos Taco, Llamoca, Cornejo y Choquehuanca, quienes criticaron el viaje. Afirmaron que Sánchez no ha asistido el 2025 y 2026 al Consejo Regional a rendir cuentas de su gestión, pero si tiene tiempo para viajar al exterior lo que evidencia su desprecio al legislativo regional.

Agregaron que el gobernador y sus gerentes no facilitan informacion ni documentación a la labor de fiscalización de los consejeros, no los invitan a las inauguraciones de obras en provincias y no tiene experiencia en la solución de problemas mineros en Arequipa.

Los consejeros que respaldaron el viaje de Sánchez, fueron Huanca, Ale y Ortega, quienes manifestaron que era una oportunidad de representación de Arequipa en un Congreso Internacional de Minería en Chile, pero tambien en dicho evento podría el gobernador mistiano conocer experiencias de solución de conflictos mineros que podría replicarse en la blanca ciudad. En la votación final, 8 consejeros votaron a favor del viaje y 5 en contra.

El caso controvertido de la licencia del consejero Posso

Otro tema que generó debate entre los consejeros regionales fue el caso de James Posso. Fue el Consejo quien en sesión de junio 2026 le concedió licencia para postular a las elecciones por lo que por acuerdo regional se aprobó el permiso del 04 de septiembre al 04 de octubre del 2026. Sin embargo, cuestionaron su candidatura ante el Jurado Electoral por lo que el consejero acudió al JNE, quien finalmente desestimo sus peticiones de candidato mediante resoluciones emitidas el 04 de agosto 2026.

Fue el consejero transitorio, Rigoberto Sarmiento, quien cuestionó su presencia en la sesión del consejo el martes 08, afirmando que no podía estar presente ya que el legislativo regional le había concedido licencia del 04 de septiembre al 04 de octubre y su presencia y votos, podrían dar lugar a futuro a cuestionamientos legales.

Por tanto, Sarmiento, señalaba que no debieron citar a Posso, porque estaba con licencia y si Posso, desistió de postular a las elecciones, dicha petición de desistimiento debió ser analizada y debatida en el consejo regional previamente en próxima sesión, para mediante acuerdo regional, habilitarlo y asista a las sesiones.

La presidenta del Consejo, Ortega, actuó como si fuera la abogada de Posso. No dio lectura al dictamen del caso como ordena el reglamento interno del Consejo, y refirió que Posso tiene credencial del JNE por ser consejero, no podía ser apartado y podía asistir a las sesiones del consejo regional, pese a tener licencia por 30 días.

El consejero Posso, en su intervención, manifestó que el JNE desestimo su postulación y presentó el 02 de septiembre ante el Consejo Regional un desistimiento de la licencia otorgada en junio para seguir asistiendo a las sesiones del pleno.

Ortega remarcó que Posso tiene credencial vigente como consejero mediante resolución del JNE, no ha sido suspendido en su cargo y podía votar ya que el acuerdo regional que le concedió licencia no tiene efectos jurídicos al no ser publicada en el diario oficial.

Sarmiento, replicó que todos los acuerdos regionales tienen efectos jurídicos tal como lo señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y al asistir a sesión el consejero Posso, su voto podría ser invalidado y generaría procesos legales al Consejo Regional, ya que un desistimiento de licencia que es un acto administrativo, no está por encima de un acuerdo regional que es una norma política que es aprobado por un órgano colegiado que está vigente en tanto no sea revocado.

Ortega, actuó como abogada de Posso, antes que, como presidenta del Consejo, ya que no se dio lectura al dictamen de la comisión de normas legales y fue un asesor que dio una interpretación administrativa, pero no de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ni del reglamento del Consejo Regional ni ninguna jurisprudencia del JNE.

Pese a las atingencias, se fue a la votación y los consejeros aprobaron el desistimiento del consejero Posso. En ese marco, Posso no debió votar por decoro y ética, y esa era su obligación de abstención ya que él era el cuestionado, sin embargo, voto a su favor. El caso debería ser pasado a la comisión de ética, por conflicto de interés evidente, pero tambien debería ser revisado por otros órganos de control estatal, entre ellos la Contraloría y el JNE. Un caso típico de otorongo no come otorongo y sui generis, que merece investigación y mayor análisis.