La transparencia, publicitar decisiones y participación ciudadana son fundamental en el Estado

Todo Estado moderno, democrático y participativo y sus autoridades, deben cumplir tres  requisitos indispensables en la función pública cuando gestionan y administran instituciones estatales donde hay recursos estatales: publicitar sus decisiones a través de los procedimientos que señala la legislación vigente,  ser transparentes ante la opinión pública y organismos estatales y rendir cuentas de los acuerdos adoptados y normas aprobadas en ejercicio de sus facultades que les concede derechos, pero también obligaciones.

En términos sencillos, la gestión pública debe ser como “una casa de cristal”, expuesta al escrutinio público para que la sociedad y la prensa pueda estar bien informada, ya que la transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones de las autoridades ante la opinión pública.

La transparencia estatal, está reconocida implícitamente en nuestra Constitución, aunque no tenga esa denominación literalmente. El art. 2 inciso 5 de la Carta Magna, afirma que es un derecho fundamental de las personas, “el acceso a la información pública, por lo que todo acto público de las organizaciones estatales, salvo que sean de seguridad nacional, intimidad personal o reserva tributaria, tiene que ser de dominio público”.

El Tribunal Constitucional señaló en múltiples sentencias la importancia de la transparencia en la gestión pública. En el expediente 06070-2009-PHC/TC -FJ en el Caso Elías Lucana, refirió que, “la transparencia es un principio de relevancia constitucional implícita en el modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y la forma republicana de gobierno a que la aluden los art. 3, 43 y 45 de la Constitución. La puesta en práctica del principio de transparencia, coadyuva a combatir los índices de corrupción en el Estado y al mismo tiempo constituye una herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la delegación del ejercicio del poder público”.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), establece que “la publicidad es la regla y el secreto la excepción, promoviendo el control ciudadano, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción, con mecanismos para su cumplimiento y responsabilidades para su obstrucción”.

La Ley 27444 de Procedimientos Administrativos Generales, obligan también a la administración pública a ser transparentes en diversos artículos ante la Sociedad y el Estado. En el Derecho Internacional, el Estado Peruano suscribió la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado el 2008, que afirma que, “las administraciones públicas tienen que ser transparentes en su gestión, abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía”.

El Acuerdo Nacional, suscrito el año 2001, en 3 de las 34 Políticas de Estado, “obliga al Estado Peruano a ser eficientes, pero también ser transparentes”. La política de Estado 24 ratifica la afirmación que “el Estado debe ser eficiente y transparente”, en tanto la Política de Estado 26 “obliga a la promoción de la ética y transparencia y erradicación de la corrupción”, mientras que la Política de Estado 29, afirma “que es necesario el acceso a la información y libertad de expresión”.

El 2013, se promulgó el DS 004-2013 de la PCM, denominado Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que en sus art. 2.2 y 2.3 afirma textualmente que, “El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño”.

En síntesis, el Estado, sus diversos niveles de gobierno y entidades públicas, a través de sus autoridades, tienen la obligación de ser transparentes, publicitar sus actos y rendir cuentas de sus decisiones ante la sociedad.

El gobierno regional no convocó a la prensa ni sociedad civil a reunión con los diputados

Lo anteriormente descrito, tiene que ver con la reunión a puertas cerradas que tuvieron el gobernador regional, sus gerentes sectoriales y los diputados y senadores el viernes 28 de agosto en horas de la tarde en la sede del ejecutivo regional, donde se habria expuesto a los legisladores los proyectos estratégicos de Arequipa.

La Ley de Transparencia vigente en el país, obliga a las entidades públicas a publicar las agendas publicas semanales de las autoridades detallando el día, hora, el nombre del visitante, la entidad que representa y el tema a abordar. Eso es un saludo en la bandera en el gobierno regional y los espacios están en blanco que cualquier ciudadano puede comprobar.

Habitualmente, el gobierno regional de Arequipa, invita a la prensa a sus actividades programadas, sin embargo, la reunión con los diputados no fue informada a la prensa local en la semana de representación de los legisladores mistianos. Esa es una omisión a la Ley de Transparencia que la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de supervisar e indagar por qué no se publica la agenda semanal del gobernador regional y por qué razones no se informó a la prensa local la reunión en el ejecutivo regional.

El gobernador no está administrando su hacienda privada ni su patrimonio personal o empresarial para evitar que la prensa fiscalice sus actividades. No tiene ninguna justificación para evitar que la prensa en su ejercicio de control social en nombre de la sociedad, asista, coberture la actividad e incluso pueda criticar si algo de lo manifestado no tiene sustento técnico, ni legal.

Tal vez, Sánchez, temía que algunos diputados le encararan por qué razones no respondió a tres oficios donde le solicitaron desde inicios de agosto 2026 una reunión con los legisladores mistianos para que les informen sobre las acciones de prevención ante el Fenomeno del Niño y tambien su tardía actuación en la red vial en Caravelí por las lluvias que impidió el paso de vehículos y personas por varios dias.

El diputado Edgar Gonzales, anunció que, si no les recibía Sánchez, solicitaría que sea citado por la Comisión de Transportes del Congreso para que rinda explicaciones pormenorizadas de su actuación en las ultimas semanas. No se conoce si Sánchez, dio disculpas, pero lo concreto es que el gobernador como si el gobierno regional fuera su feudo personal o familiar, solo permitió el ingreso de los diputados y sus gerentes sectoriales y nadie más.

Fue una reunión a puertas cerradas omitiendo su obligación legal de transparentar sus reuniones que obliga la legislación vigente, lo que no se puede tolerar ni permitir ya que vivimos en un Estado democrático, transparente y participativo en el siglo XXI. Ese comportamiento censurable debería ser rechazado por las organizaciones periodísticas de Arequipa para que nunca más se repitan esos actos ilegales.

La falta de transparencia y apertura cívica de los nuevos diputados mistianos.

Los legisladores representan a la nación, por tanto, sus actos deben estar encuadrados respetando siempre el ordenamiento jurídico, ético y moral en cada una de sus actuaciones personales, ya que infringirlo corren el riesgo de ser sometidos a la Comision de Ética de la cámara baja.

En la semana de la representación, tenían la obligación de informar a la prensa personalmente o como bancada parlamentaria mistiana de la reunión con el gobernador Sánchez ya que el asunto reviste importancia, señalando oficialmente el día de la reunión, el lugar, la hora y el temario. No lo habrían hecho y estarían actuando informalmente.

Extraoficialmente, nos hemos enterado que no habria ninguna acta de constitución de la bancada parlamentaria por Arequipa, ni siquiera un pequeño reglamento que regule sus actos en la semana de representación y tampoco habria un vocero mensual que, en representación de ellos, informe a la prensa y precise los temas que fiscalizan o los proyectos normativos que preparan.

Estarían actuando informalmente pese a que representan al Estado legislativo y tienen en su entorno personal pagado con impuestos de los contribuyentes con buenos sueldos.

Fue el senador mistiano, Jaime Delgado, quien en una entrevista en RPP el 12 de agosto, cuando anunció que el 14, día de Arequipa, toda la bancada mistiana participaría de la sesión solemne, lo que se confirmó al día siguiente.

Ellos, dieron una rueda de prensa en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa antes de la ceremonia del izamiento del Bicolor en la Plaza de Armas, donde anunciaron que habían conformado la bancada parlamentaria mistiana y apoyarían las propuestas legislativas que requería la ciudad blanca e impulsarían los principales proyectos que beneficien a Arequipa.

En los hechos, sería una bancada informal que, en un exceso de entusiasmo, apoyaron la idea del senador Delgado, pero formalmente no habria acta suscrita de dicha constitución, ni tendrían un vocero oficial y ni siquiera se conoce cuales son las direcciones de sus oficinas parlamentarias en Arequipa.

Los invito cortésmente a los diputados de Arequipa que me hagan llegar al correo del portal digital que dirijo el acta de constitución de la bancada mistiana, el reglamento elaborado y el acuerdo respecto a quien es el vocero autorizado por ellos para informar los ciudadanos las decisiones que como bloque parlamentario adoptan. Si lo hacen y demuestran los documentos enumerados, me disculparé públicamente, pero creo estar haciendo la función de control social en nombre de la sociedad mistiana a las autoridades de turno que tiene derechos, pero tambien deberes.

Peor aún, los ciudadanos desconocemos cual es la agenda de legislación y fiscalización que ellos han priorizado en Arequipa por lo menos para su primer año de mandato legislativo. Todo parece indicar que trabajan en forma separada y anteponen sus interés políticos e ideológicos y solo aparecen para la foto.

El Consejo Regional de Arequipa no hace respetar el Acuerdo 52-2024

Lo lamentable tambien es que, en la semana de representación, los diputados no han respetado el Acuerdo Regional 52-2024 que los obliga a sesionar cada fin de mes en la semana de representación con los consejeros regionales para abordar temas regionales y buscar soluciones a la problemática de Arequipa.

Más decepcionante es la actuación del pleno de consejeros regionales que parece que tienen alma de vasallos que no hacen respetar el Acuerdo que ellos aprobaron, temen a los diputados,  por lo que a la luz de los hechos deberían derogar dicho Acuerdo que no tiene quien lo defienda y los legisladores regionales no defienden su institucionalidad. Se hacen el “harakiri” y autodestruyen su reputación como legislativo regional que es lo primero que deberían priorizar si no respetan las decisiones que ellos adoptan.

Lo mismo sucede con la ex consejera y hoy diputada, Marleny Arminta, promotora del Acuerdo Regional 52-2024, que parece que sufriera del mal de Alzheimer. El diputado Gonzales, afirmó que no conocía la vigencia de dicho Acuerdo Regional ni la diputada Arminta les había solicitado que sesionen en el Consejo Regional de Arequipa para respetar dicha norma vigente que ella promovió, lo que es censurable que no se cumpla hasta hoy 2026 desde el mes de abril del 2024.

Un detalle final. Algunas instituciones invitan a los legisladores para hacer conocer sus problemas y plantear algunas soluciones normativas o de gestión ante el Poder Ejecutivo, ya que en los hechos los diputados siendo nuestros representantes, pueden canalizar dichas peticiones al gobierno nacional.

Sin embargo, nos hemos enterado que los nuevos diputados concurrieron a algunas de esas reuniones, pero los organizadores no permitieron el ingreso de otros ciudadanos y la prensa, por razones que se desconocen. Los legisladores tienen la obligación de reunirse con la población, sin embargo, no pueden ni deber aceptar que dichas reuniones sean a puertas cerradas y deben exigir total transparencia y publicitar dichas reuniones con anticipación.

Salvo que sean temas de seguridad nacional, intimidad o reserva tributaria, que tiene otros espacios, todos los asuntos deben ser de interés público, y el diputado no debería atender asuntos de interés privado ya que ellos no son lobystas de intereses, y han sido elegidos y representan el interés social, el interés colectivo o interés nacional.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.

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