La Misión Electoral de la Unión Europea emitió su informe final de las elecciones de la segunda vuelta electoral en el Perú del 07 de junio 2026 de 92 páginas, donde efectuó un análisis general de dicho proceso y emitió varias recomendaciones. La recomendación más importante es la revisión del marco jurídico para eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables, optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral. Por ser de interés público, reproducimos el resumen de dicho informe.

RESUMEN DE LA UNIÓN EUROPEA

En las elecciones generales de 2026, la ciudadanía peruana eligió a la presidenta y los vicepresidentes de la República, a los miembros del Congreso de la República y a los representantes ante el Parlamento Andino para un mandato de cinco años. En un contexto político competitivo, el proceso electoral fue, en líneas generales, creíble y transparente, a pesar de algunas deficiencias en la administración electoral y de la persistencia de narrativas de fraude. Keiko Fujimori, que se presentaba por cuarta vez a las elecciones presidenciales, fue elegida presidenta de la República por un estrecho margen frente al exministro y congresista Roberto Sánchez.

Las elecciones se celebraron en un contexto de prolongada crisis política, como evidencia el hecho de que cuatro presidentes ocuparan el cargo en cada uno de los dos mandatos presidenciales anteriores. Las maniobras interinstitucionales y la aprobación por parte del Congreso de iniciativas legislativas controvertidas socavaron considerablemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en la clase política. A esto se sumó una profunda apatía del electorado y el creciente desapego de la ciudadanía hacia el Gobierno. Esta situación acentuó las históricas divisiones políticas, que se extendían a distintos ámbitos y se entrecruzaban, haciéndose aún más evidentes durante la campaña electoral.

En este contexto, 37 organizaciones políticas y 35 fórmulas presidenciales concurrieron a las elecciones generales. En la segunda vuelta presidencial, disputada entre dos políticos con amplia trayectoria, el electorado eligió a la candidata conservadora de derecha, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), frente al candidato antisistema de izquierda, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Ante los primeros indicios de un resultado muy ajustado entre ambas candidaturas, los electores tuvieron que esperar más de tres semanas hasta que las autoridades electorales anunciaron oficialmente la victoria de Fujimori con el 50,14 por ciento de los votos.

En las elecciones al Congreso de la República, Fuerza Popular obtuvo una mayoría relativa de escaños en ambas cámaras, aunque necesitará alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para reunir las mayorías necesarias que le permitan aprobar iniciativas legislativas.  La campaña electoral fue competitiva y se desarrolló respetando las libertades de expresión, reunión y asociación. La campaña de la primera vuelta fue relativamente tranquila, aunque estuvo marcada por algunos episodios de violencia y el uso de un lenguaje de confrontación. Por el contrario, la campaña de la segunda vuelta se caracterizó por un discurso muy polarizado, con algunos episodios de discriminación, hostilidad y racismo que no fueron abordados por las autoridades estatales competentes. Los observadores de la UE señalaron que la campaña de Fujimori contó con más recursos y se apoyó en estructuras partidarias consolidadas.

Fujimori obtuvo una clara ventaja (cinco puntos porcentuales) en la primera vuelta. Sánchez, que partía de una posición ligeramente desfavorable al tener que esperar la confirmación oficial de su participación en la segunda vuelta, centró su estrategia en la construcción de alianzas políticas. Fujimori basó su campaña en la seguridad, la estabilidad, los programas sociales y la reforma del gasto público, mientras que Sánchez abogó por el desarrollo social, las reformas fiscales y la reducción de las desigualdades. El marco jurídico ofrece garantías suficientes para que los procesos electorales sean inclusivos y transparentes, con respeto de las libertades fundamentales.

No obstante, esta coherencia se ha visto debilitada por las continuas reformas parciales de la legislación, que han dado lugar a inconsistencias, a una dispersión normativa y a duplicidades. Las dificultades para aplicar determinadas disposiciones, en particular la nueva regulación sobre el recuento de votos, obligaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a adoptar decisiones ad hoc para cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y en la Constitución. Estas decisiones comprometieron el principio de seguridad jurídica y la estabilidad del marco jurídico.

La legislación no establece requisitos excesivos ni restrictivos para postular a la Presidencia de la República, al Congreso de la República o al Parlamento Andino. Para seleccionar sus candidaturas, prácticamente todas las organizaciones políticas optaron por realizar elecciones primarias mediante delegados, lo que limitó la democracia interna de los partidos y favoreció el control de las dirigencias partidarias. Por otra parte, las organizaciones políticas no son responsables de la calidad ni de la veracidad de la información contenida en las hojas de vida de sus candidatos.

En una contienda con cerca de 7.500 candidatos, se registraron más de 2.500 incumplimientos relacionados con las hojas de vida (omisiones y falsedades). De las 1.900 listas de candidatos presentadas ante los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), finalmente se aprobaron 1.772, lo que representa más del 90 por ciento del total. El voto es obligatorio en el Perú. Para estas elecciones, había algo más de veintisiete millones de electores inscritos, incluidos aproximadamente 1,2 millones de electores residentes en el extranjero. Los actores electorales consultados no expresaron preocupaciones significativas sobre la exactitud ni el carácter inclusivo del padrón electoral.

De acuerdo con una recomendación formulada por una Misión anterior de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), el plazo para actualizar el padrón electoral, incluidos los cambios de domicilio, se adelantó seis meses, hasta el 14 de octubre de 2025. Tras el cierre del padrón, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) remitió mensualmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información actualizada sobre los electores fallecidos, así como sobre aquellos electores que habían cambiado de domicilio o actualizado su fotografía.

El JNE, la ONPE y el RENIEC desempeñaron adecuadamente sus funciones en la mayoría de los aspectos, pero los problemas en la distribución del material electoral en distintas zonas de Lima el 12 de abril, empañaron los logros alcanzados en la organización del proceso electoral y deterioraron las relaciones institucionales entre el JNE y la ONPE a nivel nacional. La ONPE implementó con éxito diversas medidas para hacer frente a la complejidad de un proceso electoral en el que se integraban cinco elecciones en una única cédula de votación, entre ellas la ampliación de la capacitación de los miembros de mesa y la habilitación de un mayor número de oficinas descentralizadas. Las comisiones interinstitucionales para la prevención de conflictos impulsadas por el JNE fortalecieron la coordinación entre los distintos actores del proceso electoral.

En líneas generales, se respetaron las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, el entorno mediático se deterioró, en un contexto marcado por amenazas contra algunos periodistas que no fueron debidamente atendidas por las autoridades competentes. Los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura equilibrada y neutral de la campaña. En cambio, los medios privados mostraron un mayor sesgo, que se hizo más patente durante la segunda vuelta presidencial al proyectar una imagen predominantemente negativa de Roberto Sánchez y contribuir así a la polarización.

Las redes sociales constituyeron un espacio central de la campaña electoral. Las narrativas de fraude, impulsadas principalmente por Rafael López-Aliaga y sus seguidores, los ataques contra las instituciones electorales y la amplificación coordinada de determinados contenidos configuraron el debate en línea, especialmente tras la primera vuelta. La comunicación oficial de los candidatos y las candidatas se centró principalmente en mensajes de campaña. Sin embargo, las desigualdades en el acceso a la publicidad de pago y los ataques difundidos desde páginas de terceros contribuyeron a crear un entorno digital polarizado y de confrontación.

Una reforma legislativa de 2024 eliminó el principio de alternancia de género en las fórmulas presidenciales, y el principio de paridad no era aplicable a quienes encabezaban las listas de candidaturas al Congreso. La representación de las mujeres en el nuevo Congreso (36 por ciento) se sitúa ligeramente por debajo de la del Congreso saliente (38 por ciento). La legislación exige destinar una parte del financiamiento público a actividades de capacitación conforme a criterios de paridad de género, y la normativa de la ONPE promueve la asignación de recursos para fomentar la participación política de las mujeres. No obstante, la aplicación de estas medidas siguió siendo limitada debido a la ausencia de mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento.

Durante la campaña electoral se denunciaron varios casos de acoso en línea contra candidatas. Los órganos electorales adoptaron medidas para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los pueblos indígenas y afroperuanos, así como de las personas con discapacidad. Entre estas medidas se incluyó la elaboración de materiales informativos para el electorado en diferentes idiomas, campañas de educación electoral puerta a puerta y modalidades de votación adaptadas para facilitar la participación de las personas con discapacidad. No obstante, la lejanía de algunas comunidades indígenas, las barreras lingüísticas y las limitaciones de los mecanismos de inscripción de las personas con discapacidad siguen dificultando su plena participación.

El 12 de abril, día de las elecciones generales, el material electoral se entregó con retraso en 66 locales de votación de Lima, lo que ocasionó importantes demoras en la apertura de las mesas de sufragio correspondientes. A pesar de que el JNE prorrogó el plazo para la apertura de las mesas, en trece locales de votación no fue posible iniciar la votación, por lo que el JNE dispuso que las elecciones en estos locales se celebraran al día siguiente. Al margen de este problema logístico, las dos jornadas electorales (12/13 de abril y 7 de junio) transcurrieron de forma generalmente tranquila y pacífica en el resto del país. Las mesas de sufragio abrieron con un ligero retraso debido a la llegada tardía de algunos miembros de mesa. En líneas generales, se respetaron los procedimientos de apertura y votación. Los personeros de las organizaciones políticas y los observadores pudieron seguir todas las etapas del proceso sin restricciones. Los procedimientos de cierre y escrutinio fueron complejos y prolongados durante la primera vuelta, pero mucho más ágiles en la segunda vuelta.

El procesamiento de resultados en los centros de cómputo de la ONPE fue profesional, transparente y metódico. Sin embargo, el elevado número de actas observadas dio lugar a un largo proceso de verificación de los resultados, lo que retrasó la proclamación de los resultados definitivos. Las organizaciones políticas mostraron, en general, un conocimiento limitado de los procedimientos relativos a las impugnaciones, o bien los ignoraron. Tras la jornada electoral del 12 de abril, se presentaron más de 500 solicitudes de nulidad de mesas de sufragio o de la totalidad de la elección. La mayoría fueron declaradas improcedentes o desestimadas por no estar debidamente fundamentadas.

Tras la segunda vuelta presidencial, celebrada el 7 de junio, solo se registraron trece solicitudes de nulidad. Todas ellas fueron desestimadas en primera instancia por los JEE y, tras ser apeladas, por el JNE; la mayoría de las impugnaciones presentadas por Juntos por el Perú fueron desestimadas por razones de procedimiento y las de Fuerza Popular por falta de prueba suficiente. La MOE UE considera que la presentación extemporánea e improcedente de estas solicitudes constituyó un uso abusivo del sistema contencioso electoral y de sus garantías.

En ambas vueltas presidenciales, los candidatos Rafael López-Aliaga y Roberto Sánchez formularon acusaciones infundadas de fraude y convocaron protestas públicas en las que recurrieron a narrativas polarizadoras, alegando que las instituciones del Estado no respetaban y discriminaban a sus respectivos electores. Estas prácticas menoscaban la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de las autoridades electas.

La MOE UE identificó una serie de deficiencias que requieren atención para mejorar futuros procesos electorales en el Perú. Con este objetivo, se formulan las siguientes recomendaciones prioritarias para la consideración e implementación por parte del Congreso de la República, del Gobierno, de las autoridades electorales, de las organizaciones políticas y de la sociedad civil. El capítulo final de este informe contiene un cuadro detallado de las recomendaciones.

1. Revisar el marco jurídico para eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables, optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral.
2. Prevenir la falta de personal y las renuncias aumentando los recursos de la ONPE para contratar, capacitar y remunerar adecuadamente al personal temporal a nivel nacional y subnacional.
3. Instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas.
4. Garantizar la protección efectiva de los periodistas frente a ataques, amenazas e intimidaciones, investigando con prontitud y eficacia todas las agresiones contra los profesionales de los medios de comunicación, y tomando medidas frente a la retórica de los cargos públicos y de los candidatos que pueda incitar a la hostilidad contra dichos profesionales.
5. Ampliar el uso de herramientas digitales para evitar inconsistencias menores en las actas electorales, agilizar su procesamiento, mejorar su trazabilidad y reducir los retrasos en la proclamación de los resultados definitivos.
6. Simplificar los procedimientos de cierre y reducir el número de ejemplares del acta electoral previstos en la Ley Orgánica de Elecciones para aligerar la carga de trabajo de los miembros de mesa y reducir el número de actas observadas.

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