El diputado Gustavo Segura de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley por el cual pretende se faculte al Poder Ejecutivo a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, ratificada por el Perú mediante Decreto Ley N° 22231 del 11 de julio de 1978, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución Política del Perú; con la finalidad de culminar, conforme al derecho internacional aplicable, la vinculación convencional del Estado peruano al sistema de competencia contenciosa derivado de dicha Convención, sin perjuicio de las obligaciones internacionales pendientes.

El proyecto refiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará la denuncia al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, conforme al artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con un año de anticipación a la fecha en que surtirá efecto. Las obligaciones contraídas por el Estado peruano respecto de hechos ocurridos con anterioridad a la fecha en que la denuncia surta efecto, continuarán rigiéndose por la Convención hasta su conclusión definitiva, conforme al artículo 78.2 de la misma.

La propuesta legislativa señala que el Estado peruano reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los demás tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú forma parte y no son denunciados por la presente ley.

En la exposición de motivos del diputado Segura, afirma que la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por nuestro país a través del Decreto Ley Nº 22231, fue creado como uno de los principales instrumentos de la región para proteger los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano. Sin embargo, es necesario señalar que nuestro Estado de Derecho se ha visto vulnerados por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos casos a favor de quienes delinquen y no permiten que actuemos como un Estado soberano.

Sostiene que por culpa de la corte no podemos juzgar ni dar seguridad jurídica a quienes combatieron el terrorismo. Protegen más a los criminales que a las víctimas y a los policías. En la actualidad, el crimen se ha incrementado de manera exponencial, la extorsión y el sicariato vienen destruyendo el orden interno de nuestro país, constituyéndose como una amenaza directa contra la vida, la integridad, el patrimonio, los emprendimientos, entre otros.

Segura afirma que esta situación nos mantiene en un miedo constante de ser víctimas de la criminalidad; tal como lo muestra el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Informe Técnico “Estadísticas de Seguridad Ciudadana del semestre móvil: noviembre 2025-abril 2026”, reportando que la percepción de inseguridad de la población urbana de quince y más años alcanzó el 83,2%, evidenciando una extendida sensación de vulnerabilidad ciudadana.

Dada esta situación, se requiere acciones por parte del Estado que permitan intervenciones de las fuerzas armadas en el orden interno; también se requiere el endurecimiento de las penas contras delincuentes y criminales; y, estas acciones podrían generar la intervención de la corte de manera negativa para la defensa de nuestro país.

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