Desde el año 2012 al 2026 la gerencia regional de Energia y Minas de Arequipa ha logrado formalizar 1,298 mineros entre personas naturales y jurídicas de un total de 6, 083 inscritos que se encuentran en proceso de formalizacion y es falso que no hayamos avanzado en los últimos años.

Asi lo afirmó el gerente, Ing. Raul Jaime Ancasi, como respuesta al senador y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Senado, Juver Flores, quien acusó de ineficiencia administrativa en la gestión del REINFO a los gobiernos regionales, por lo que planteó trasladar al Ministerio de Energia y Minas esos procesos mediante mesas técnicas de saneamiento.

El gerente de Energia y Minas de Arequipa, señaló que, de los 6,083 mineros inscritos en el REINFO, 4,488 mineros se encuentran en condición vigente y 1,595 en condición de suspendidos. El funcionario regional dio cuenta que en la provincia de Caravelí se encuentra el mayor número de mineros en proceso de formalización con 2,237 expedientes, seguido de Condesuyos con 1,710 expedientes, Camaná con 1,192 expedientes, Castilla con 430 expedientes, Arequipa con 260 expedientes, Caylloma con 205 expedientes, Islay con 48 expedientes y La Unión con 1 expediente.

Respecto al diagnostico de la mineria ilegal en Arequipa, el gerente reconoció que está creciendo y se desplaza hacia fronteras territoriales siendo la ciudad blanca la segunda región del país con mayor impacto y perjuicio por mineria ilegal impulsada por los precios record del oro en los mercados internacionales.

Remarcó que la mineria ilegal ha generado el aumento de actividades criminales como extorsión, sicariato y trafico de insumos, mientras que el Ministerio de Economía proyecta perdidas tributarias millonarias para Arequipa debido al desvió y contrabando de mineral no registrado oficialmente.

El funcionario que algunos distritos de la provincia de Caravelí son los más afectados por la mineria ilegal como Ático que es el foco critico de enfrentamientos violentos por el control de socavones e invasión de concesiones, Acarí con un alto trafico de mineral y plantas de beneficio sin autorización ambiental y permiso social, así como en Chala, Huanuhuanu, Bella Unión y Chaparra que son hoy centros neurálgicos de acopio, procesamiento y asentamientos mineros.

En la provincia de Camaná el distrito de Mariano Nicolas Valcarcel concentra el asentamiento minero de Secocha siendo hoy un campamento informal e ilegal que tiene bastante población y contaminación por mercurio y cianuro. En la provincia de Condesuyos los distritos afectados son, Rio Grande, Yanaquihua y Alto Molino, mientras que en la provincia de Castilla los distritos afectados son, Choco, Orcopampa y Chilcaymarca.

Refirió que por mandato de la Ley 32213 es el Ministerio de Energia y Minas quienes deben coordinar con la Policia Nacional, Fiscalia de la Nación y la SUNAT para combatir la extracción y procesamiento de minerales. El gerente agregó que su sector no tiene competencias en el cumplimiento de la Ley 32213 que establece la rectoría y ampliación del plazo del proceso de formalizacion mineral integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal.

Expuso asimismo que los principales obstáculos que impiden la formalizacion de la mineria ilegal son la falta de acuerdo sobre el terreno superficial y las concesiones mineras, ya que para que un minero en REINFO logre su resolución la ley exige obligatoriamente la presentación y aprobación del instrumento de gestión ambiental para la formalizacion minera, la mayoría de mineros inscritos en REINFO operan sobre concesiones otorgadas a terceros y los titulares se niegan a firmar contratos, pero tambien se requiere la autorización escrita del propietario del suelo que son comunidades campesinas y la falta de saneamiento físico legal.

Expresó que a las barreras técnicas se agrega las sucesivas extensiones del plazo de vigencia del REINFO aprobados por el Congreso ampliado hasta diciembre del 2026 mientras se debate la nueva Ley de Minería Artesanal o de Pequeña Escala, lo que otorga al minero una exención de responsabilidad penal por delito de mineria ilegal, pero tampoco existen incentivos económicos ni operativos para que el minero invierta miles de soles en estudios ambientales o en negociar acuerdos complejos si puede continuar trabajando bajo el amparo de la prórroga.

Finalmente reconoció que hay debilidad institucional en las direcciones y gerencias regionales de energía y minas con la saturación de expedientes ya que hay miles de registros pendientes de evaluación que sobrepasan la capacidad operativa, presupuestal y de personal técnico especializado en oficinas regionales. Asimismo, agregó ay dificultades en la depuración ya que para fiscalizar en el terreno si un minero suspendido continúa operando o si cumple los requisitos de permanencia resulta complejo por cuestiones logísticas y de seguridad en zonas convulsas.