El Congreso acaba de aprobar una ley que convierte en norma lo que debería ser escándalo: especialistas sin formación verificada y un Estado que renuncia a gobernar la salud.

El 30 de junio, el Congreso dio por aprobada una ley que modifica el sistema nacional de residentado médico. La llaman «modernización». En los hechos, abre una vía —el llamado lato sensu— por la que un médico puede convertirse en especialista sin pasar por el residentado: sin práctica clínica presencial verificada, sin supervisión docente continua, sin la duración que hoy se exige a cualquier segunda especialidad.

Basta acreditar estudios de posgrado, «perfeccionamiento continuo» o, en algunos casos, una declaración jurada avalada por una institución, y aprobar un examen de simulación.

El Colegio Médico del Perú ha documentado títulos sustentados en certificados de instituciones migratorias, no académicas. Ha alertado, incluso, que Brasil —origen de buena parte de esta oferta— no reconoce el lato sensu como equivalente a su propia residencia. La comunidad médica le ha pedido al presidente que la observe. Tiene razón. Pero el problema de fondo es más profundo que esta ley.

Las cifras confirman el diagnóstico. El propio informe técnico del Ministerio de Salud reconoce que el país cuenta con apenas 391 cardiólogos y 346 especialistas en rehabilitación para más de 33 millones de personas. De esos pocos, entre el 40% y el 64%, según la subespecialidad, se concentra en Lima. Ese es el vacío que la nueva ley dice querer resolver. Pero su letra pequeña oculta intereses de otra índole.

Porque esto no es un accidente legislativo aislado. Es la expresión más reciente de algo que tiene nombre: la abdicación del Estado a liderar una política de recursos humanos para el sector salud y a ejercer la rectoría que la ley le manda, en este caso sobre su formación, empleo y distribución. La ley del SINAREME es clara: esa rectoría le corresponde al MINSA.

En la práctica, hace años que fue abandonada. No existe una política que articule el residentado con las prioridades sanitarias del país, con el Modelo de Cuidado Integral de Salud o con las redes integradas de servicios. Se ha optado, en cambio, por dejar que la formación de especialistas la determine el mercado y sus intereses. La ley del lato sensu no corrige esa abdicación. La legaliza. Y le pone receta.

El propio MINSA es parte del problema. Su Dirección de Fortalecimiento de Capacidades reconoce, en el informe que motivó esta ley, que el Ministerio no ha cumplido ninguno de los mandatos que la ley del residentado le exige desde 2017. No ha definido qué especialidades necesita el país. No ha puesto en marcha el Servicio Civil Especializado de Salud —mecanismo que la misma ley ya contempla y que busca que los especialistas formados con dinero público retribuyan ese esfuerzo trabajando donde el país los necesita—.

Ese mecanismo sigue sin reglamento ni presupuesto. Ese vacío es aprovechado por instituciones que emiten certificados sin respaldo clínico verificable y que necesitan una vía para legalizarlos. El Congreso se las acaba de proveer, sin exigirles los mismos estándares que rigen el residentado regular. Mientras tanto, el Estado invierte cada año alrededor de S/ 450 millones en formar especialistas: fondos que, bien orientados, podrían apalancar un sistema de formación alineado con las prioridades reales de salud de la población.

No se trata de rechazar toda vía alternativa al residentado. El sistema regular, por sí solo, es insuficiente para cerrar la brecha que el país necesita cerrar. Se trata de que cualquier vía alternativa garantice el mismo estándar de calidad, no uno inferior disfrazado de flexibilidad. Para eso hacen falta tres decisiones que nadie ha querido tomar.

Que el Estado recupere su rectoría y establezca un patrón de calidad formalmente evaluado, porque hoy no existe. Que cualquier modalidad complementaria incluya verificación real de competencias —no declaraciones juradas— y esté subordinada a las prioridades del sistema que la financia. Y que se implemente por fin el mecanismo de retorno social que la ley ya contempla y que sigue durmiendo en el papel.

Porque en la formación de un especialista no solo invierte el Estado. Invierte también el paciente, que pone su cuerpo, su enfermedad y su confianza a disposición de quien aprende a curarlo. Esa inversión —la más invisible de todas— debería revertir al sistema que la hizo posible: en mejor acceso, menos espera, mejores resultados. Así funcionan los sistemas de salud que en verdad gobiernan la salud de su población.

La pregunta que debe responder el presidente al observar esta ley no es si el país necesita más especialistas —los necesita, con urgencia—. Es si estamos dispuestos, como sociedad, a conseguirlos firmando un fraude con receta legal. Esa no es una solución. Es la renuncia definitiva para gobernar la salud de los peruanos.

 Victor Zamora – Médico y ex ministro de Salud – Otra Mirada

FOTO ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA