El 22 de mayo del 2026 presentó dos proyectos de ley relacionados al transporte urbano en la provincia de Arequipa. El primer proyecto de ley tiene por objeto incorporar en la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, una disposición transitoria que autoriza, de manera excepcional y temporal, la prestación del servicio de transporte urbano e interurbano con unidades vehiculares de la categoría M-2, como parte de la flota del transportista autorizado. Su ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente a los distritos de Yura y Cerro Colorado, en la provincia y departamento de Arequipa, en el marco de la situación de emergencia de transitabilidad y movilidad existente en dichas jurisdicciones.

La propuesta legislativa señala que debe incorporarse a la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la Quinta Disposición Transitoria, en los términos siguientes: Autorícese, por el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la prestación del servicio de transporte urbano e interurbano con unidades vehiculares de la categoría M-2, como parte de la flota del transportista autorizado, en las provincias donde existan Sistemas Integrados de Transporte, se encuentren en proceso de implementación o se proyecte su implementación, conforme a las condiciones que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.” Artículo 3.- Naturaleza excepcional y vigencia. El régimen previsto en la presente ley es de carácter excepcional, temporal y de aplicación por única vez.  Su vigencia se limita al plazo de dos años contados desde su entrada en vigor.

El otro proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la reordenación del servicio de transporte público en los distritos de Cerro Colorado y Yura, provincia y departamento de Arequipa, a fin de promover una adecuada cobertura territorial, accesibilidad, conectividad y seguridad en la prestación del servicio, en el marco de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y de las competencias de los gobiernos locales.

La disposición transitoria única, refiere que se autoriza a la Municipalidad Provincial de Arequipa, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Yura asi como las entidades públicas competentes, realice el diagnóstico técnico‑operativo del sistema de transporte público en la provincia de Arequipa.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Medina señala que en los últimos meses la calidad del servicio de transporte público se ha deteriorado de manera evidente en Cerro Colorado y Yura, especialmente en el Cono Norte de Arequipa. Reportes de medios locales documentan congestión severa en la intersección de la Vía de Evitamiento con la avenida Aviación, donde filas de vehículos se extienden kilómetros, bloquean carriles y detienen prolongadamente las unidades de transporte público.

Miles de usuarios experimentan diariamente este caos vehicular que afecta la movilidad en toda la zona. Paralelo a esto, las concesionarias que operan rutas del Sistema Integrado de Transportes en el Cono Norte han paralizado parcialmente sus operaciones. Pobladores de Cerro Colorado y distritos adyacentes permanecen a la espera de vehículos durante horas, lo que los obliga a utilizar servicios informales —conocidos como «loncherítas»— que cobran tarifas significativamente superiores a la tarifa oficial. En paraderos de Zamacola y otras zonas del Cono Norte se ha documentado a usuarios varados durante extensos períodos, fenómeno que intensifica la sensación de abandono del servicio formal. Esta carencia genera un círculo donde la informalidad se fortalece precisamente porque el sistema autorizado no cubre la demanda real.

La propuesta legislativa responde a carencias concretas en la prestación del transporte público en el Cono Norte de Cerro Colorado y Yura, Arequipa, donde la población reporta cobertura deficiente en las rutas operativas. El plan regulador vigente habría omitido sectores demográficos relevantes de esa zona urbana —lo que genera desigualdad en el acceso al servicio—, y ello sustenta la intervención estatal. El proyecto se basa en una declaratoria de necesidad pública e interés nacional, mecanismo que permite priorizar la ampliación de rutas donde el sistema actual resulta insuficiente y donde la demanda ha sido históricamente desatendida por la planificación institucional, configurando una justificación normativa para que el legislador actúe en favor de esa población.