El 16 de abril el congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco integral que promueva la formalización progresiva del comercio ambulatorio los que serán de aplicación en todo el territorio nacional siendo de obligatorio cumplimiento para gobiernos locales, regionales y Poder Ejecutivo.

El proyecto refiere que se entiende como comercio ambulatorio toda actividad económica desarrollada en la vía pública o espacios de uso común de manera itinerante o estacionaria donde se ofrecen bienes o servicios que constituyen fuentes de subsistencia para un trabajador y su familia.

La propuesta legislativa indica que los gobiernos locales en coordinación con el Ministerio de Vivienda implementan un plan de concesión del subsuelo de determinados bienes de uso público como parques y plazas o áreas de transito peatonal con la finalidad de habilitar construcciones de espacios comerciales subterráneos para la reubicación definitiva y ordenada de los comerciantes informales.

Las municipalidades, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Vivienda, establecen los mecanismos de coordinación para la aplicación de la ley priorizando la economía popular y el desarrollo local.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se afirma que según el INEI el año 2024, más del 72% de la población económicamente activa es informal, y alrededor de un millón y medio de peruanos subsisten directamente del comercio ambulatorio, que está compuesto mayoritariamente por mujeres jefas de hogar, migrantes que representan una red de sustento familiar.

El proyecto remarca que no hay un enfoque integral en el espacio público donde el Estado asume posiciones sancionatorias frente a la pobreza lo que demanda un cambio estructural y pasar a una visión planificada, inclusiva y solidaria del orden urbano.