El gobierno que lidera José Enrique Jerí Oré está pasando por un momento muy difícil desde que se hizo cargo de la Presidencia de la República en octubre de 2025, después de que Dina Boluarte dejara el cargo. Algunos medios han hecho público que hubo reuniones secretas con empresarios extranjeros, lo que se conoce como el caso “Chifagate”, y ahora hay una investigación fiscal sobre esto. Todo esto ha vuelto a abrir el debate sobre cómo podrían quitar a José Enrique Jerí Oré de su cargo según la Constitución, en un momento en que las instituciones son muy débiles y se acercan las elecciones generales de abril de 2026.

Jerí no llegó al gobierno porque la gente lo eligiera directamente. Esto sucedió porque se aplicó una regla de la Constitución. La regla dice que, si no hay vicepresidentes, el presidente del Congreso se convierte en presidente. En ese momento, Jerí era congresista de Somos Perú y presidente del Congreso para el periodo 2025-2026. Su trabajo era llevar el país hasta las próximas elecciones generales. Esta forma de acceso al poder ha dado lugar a lo que especialistas denominan una “naturaleza híbrida” del Ejecutivo, con una legitimidad de origen parlamentaria y no ciudadana.

La situación actual es muy complicada. Jerí sigue siendo congresista y presidente del Congreso, aunque no está trabajando en ese cargo en este momento. Al mismo tiempo, también es el jefe del Estado. Esto ha creado dos formas en que se puede controlar su poder: una es la moción de vacancia presidencial, que está en el artículo 113 de la Constitución, y la otra es la moción de censura a la Mesa Directiva del Congreso, que está en el artículo 68 del Reglamento del Parlamento.

La crisis comenzó cuando se supo que el presidente se reunió con el empresario chino Zhihua Yang sin dejar constancia de ello. Zhihua Yang es un proveedor del Estado y tiene intereses en infraestructura y energía. La Fiscalía de la Nación hizo una investigación inicial y descubrió que hubo dos reuniones. Una de ellas fue el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja. El presidente Jerí llegó allí con la cabeza cubierta. La otra reunión fue el 6 de enero de 2026 en un edificio del Cercado de Lima. Ese edificio había sido cerrado por la municipalidad solo horas antes. En este último caso, además, se habría utilizado un vehículo oficial para fines privados.

El Ministerio Público está investigando estos hechos porque cree que hubo tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La acusación del Ministerio Público dice que las reuniones se hicieron para coordinar beneficios que no son justos en procesos de contratación pública o en decisiones normativas, como el decreto de urgencia relacionado con Petroperú que ha sido cuestionado. Jerí dice que no hay irregularidades y que se trataba de encuentros privados. Sin embargo, expertos en gestión de intereses cuestionan esto, ya que la ley no hace diferencia entre reuniones oficiales y privadas cuando la otra persona es alguien que tiene un contrato con el Estado.

El presidente no quiere dejar su cargo a pesar de las quejas en su contra. Dice que hay un plan para desestabilizar el país y afectar las elecciones. Pero cada vez es más difícil que la gente crea lo que dice, porque hay videos y documentos que lo contradicen. Estos se han mostrado en los periódicos y en una comisión del Congreso que revisa los gastos y acciones del gobierno.

En el Parlamento, los partidos de izquierda, como Perú Libre, el Bloque Democrático y Juntos por el Perú, han presentado dos propuestas importantes. Una es la moción de vacancia y la otra es la moción de censura.

La vacancia presidencial es un proceso que requiere muchos votos, exactamente 87, para que sea aprobada. Además, hay que seguir un procedimiento que incluye la admisión, el derecho de defensa y un debate en el Pleno. Aunque este proceso es correcto según la ley, es poco probable que se apruebe en un Congreso donde hay muchos partidos diferentes, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que pueden tener opiniones distintas. el Progreso (APP) mantienen posiciones ambiguas.

La censura es una opción más rápida y no necesita tantos votos. Esto se basa en la idea de que la función de Jerí como presidente de la República depende de su cargo como presidente del Congreso. Si se le censura y pierde ese cargo, entonces también pierde el cargo de presidente de la República. Para que se apruebe la censura, solo se necesita que la mayoría de los congresistas que estén presentes en el Pleno estén de acuerdo. Los constitucionalistas, como César Delgado Guembes, han dicho que esta forma de actuar se basa en la “prudencia constitucional». Esto se debe a que se trata de un cambio dentro del Legislativo que también tiene efectos en el exterior.

Hay un problema importante: el receso del Congreso. En enero, el Congreso solo puede reunirse si hay una sesión especial, y para eso se necesitan firmas de al menos 78 congresistas, que es el 60 por ciento del número total de congresistas. Aunque para censurar a Jerí harían falta alrededor de 61 votos, sin esas firmas no se puede reunir el Congreso. Esto ha dado a FP y APP un poder de decisión importante. Ambas bancadas han criticado públicamente al presidente, pero hasta ahora no han respaldado con firmas la convocatoria extraordinaria.

La discusión sobre la salida de Jerí también está atravesada por el temor a la sucesión. Si el presidente cae, asumiría el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (FP). Para sectores de izquierda y centro, este escenario implicaría entregar el control del Ejecutivo al fujimorismo en plena campaña electoral, lo que podría generar nuevas tensiones sociales. Por ello, algunos plantean censurar a toda la Mesa Directiva y elegir una nueva de consenso, al estilo de la transición de 2020 tras la crisis de Manuel Merino.

Los organismos electorales han dicho que las elecciones del 12 de abril de 2026 no están en problemas. Pero los analistas creen que, si la situación política sigue siendo incierta, esto puede afectar la economía del país, la seguridad de las personas y cómo se ve el país desde el exterior. La OEA y la Unión Europea están observando la situación de cerca con sus misiones de observación.

Por ahora, el futuro de José Jerí depende menos de su defensa legal que del equilibrio de votos en el Parlamento. Si se convoca al Pleno, la censura aparece como un desenlace probable. Si no, el presidente de transición podría mantenerse en el cargo hasta las elecciones, con una legitimidad severamente erosionada y bajo la sombra de la investigación fiscal.

 Daniela Ramos – Diario Central

Foto RCR del Perú