El 28 de enero del 2026 el congresista David Jiménez, presentó el proyecto de ley que pretende se declare interés nacional y necesidad pública la industrialización minero-metalúrgica del país, entendida como el conjunto de acciones orientadas a la transformación, procesamiento, refinación, agregación de valor y desarrollo de encadenamientos productivos vinculados al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales, con la finalidad de diversificar la estructura productiva nacional, fortalecer la competitividad económica, promover el desarrollo territorial, generar empleo calificado y contribuir al desarrollo sostenible del Perú, en el marco de la Constitución Política y del modelo de economía social de mercado.

Jiménez en la exposición de motivos del proyecto de ley, afirma que, el país presenta una estructura productiva caracterizada por una alta dependencia de la extracción y exportación de recursos minerales con bajo nivel de transformación, lo que se traduce en una limitada generación de valor agregado interno y una reducida articulación con actividades industriales y tecnológicas de mayor complejidad. Esta configuración productiva restringe el impacto multiplicador de la minería sobre la economía nacional y condiciona negativamente el desarrollo de capacidades productivas sostenibles.

En el caso peruano, esta situación se evidencia en el hecho de que la mayor parte de los minerales metálicos se exportan como concentrados, sin procesos significativos de refinación o transformación industrial en el territorio nacional, lo que limita la captura de beneficios económicos, tecnológicos y laborales derivados de la cadena de valor minera; ello demanda instrumentos públicos que identifiquen oportunidades y corrijan fallas de coordinación para convertir dichos encadenamientos en desarrollo económico sostenible.

La limitada industrialización minero-metalúrgica incide directamente en la débil integración de encadenamientos productivos, tanto hacia atrás como hacia adelante. Los estudios especializados sobre cadenas de valor en el sector minero peruano señalan que los principales encadenamientos generados se concentran en servicios generales, transporte y actividades de bajo contenido tecnológico, sin lograr una inserción relevante en procesos industriales de mayor valor agregado. Esta situación impide que la minería actúe como un verdadero eje articulador del desarrollo industrial y tecnológico del país.

Asimismo, la ausencia de una base industrial minero-metalúrgica consolidada tiene efectos directos sobre la estructura y calidad del empleo. La exportación de recursos minerales sin transformación reduce la demanda de profesionales y técnicos especializados en metalurgia, ingeniería de procesos, química industrial y manufactura avanzada, limitando la generación de empleo calificado y la acumulación de capacidades tecnológicas locales.

Desde el punto de vista jurídico y de política pública, esta situación configura una brecha estructural que afecta el interés general, al restringir la diversificación productiva, la generación de valor agregado y la sostenibilidad del desarrollo económico. La problemática descrita no responde a una coyuntura transitoria, sino a una condición persistente del modelo productivo nacional, cuya superación requiere una orientación clara de la acción estatal, sustentada en un reconocimiento normativo expreso de su relevancia estratégica.