El pleno de la Junta Nacional de Justicia, presidido por la doctora María Teresa Cabrera Vega, resolvió destituir a Delia Milagros Espinoza Valenzuela del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público, por haber hecho caso omiso a lo señalado en la Resolución 231-2025-JNJ, que ordenaba que la señora Liz Patricia Benavides Vargas retome sus funciones como fiscal suprema titular.

La votación luego de que los miembros del Pleno de la JNJ escucharan la ponencia presentada por el miembro y vicepresidente de la entidad, doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo. El informe correspondiente al Procedimiento Disciplinario n.º 061-2025-JNJ señala que Espinoza Valenzuela cometió faltas muy graves en el ejercicio del cargo, conforme lo establecen el inciso 6 y el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.

La Resolución 231-2025-JNJ es un acto administrativo de naturaleza declarativa, emitido en ejercicio de la potestad de nulidad de oficio que se emitió en el P.D. 01-2024-JNJ. Ello implica que sus efectos jurídicos se producían de manera inmediata desde su emisión, sin margen para interpretaciones dilatorias ni para conductas de espera.

Con dicha resolución cesó la afectación a los derechos fundamentales de la fiscal suprema Patricia Benavides y, en razón a ello, el juzgado constitucional declaró la sustracción de la materia por cuanto la Junta Nacional de Justicia actual subsanó la afectación al debido proceso solicitado por la magistrada. La declaración se encuentra consentida.

Sobre la destituida administrada pesaba una medida cautelar de suspensión provisional, en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de seis meses, según la Resolución 143-2025-PLENO-JNJ aprobada el 19 de septiembre de 2025.

También se dispuso la remisión de las copias certificadas del procedimiento disciplinario al Ministerio Público con el objetivo de que continúe con sus atribuciones respecto a la adquisición mediante el uso de la caja chica de las velas empleadas en la denominada “vigilia” y otros.

La Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso de garantizar la imparcialidad y la transparencia en los procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales, en cumplimiento del debido proceso, y de esta forma fortalecer el sistema de justicia del país.