Es imposible desconocer que el año transcurrido 2025 ha sido un periodo de graves retrocesos para la causa de la democracia y la defensa de los derechos humanos en el Perú. Como ha sido comentado repetidamente en diversos espacios, estamos ante una tendencia regresiva que recorre diversas regiones del mundo. En el Perú esa tendencia combina una serie de factores ideológicos, institucionales y delictivos.

No se trata únicamente del ascenso de un pensamiento y una agenda conservadores, sino también del deterioro terminal del sistema de representación política y de la incrustación de intereses corruptos o francamente criminales en las instituciones políticas. De hecho, en muchos casos es difícil discernir si una medida antidemocrática dada por el Congreso está presidida por una motivación reaccionaria, por un intercambio de favores o un ajuste de cuentas entre bancadas, o por un impulso corrupto o potencialmente criminal.

El conjunto de medidas impuestas en los últimos años por el Congreso con la complicidad del Poder Ejecutivo permite dudar válidamente de que el régimen que impera sea real o auténticamente una democracia. Este cuestionamiento se funda, en primer lugar, en la avanzada liquidación de los mecanismos de rendición de cuentas y de balance y control entre poderes.

El signo más grotesco de todo eso, en los últimos meses, es el empeño en secuestrar al Ministerio Público, es decir, a la entidad que, entre muchas tareas, fiscaliza e investiga a congresistas y miembros del gobierno. Se ha hecho notar que, en la reciente votación del Congreso para inhabilitar para la función pública a la fiscal Delia Espinoza, apoyaron la sanción una veintena de congresistas investigados por el Ministerio Público.

Es larga la lista de instituciones esenciales para la democracia que están bajo amenaza de captura o que ya han sido capturadas: el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo son, tal vez, los casos más flagrantes y graves. Hoy es del todo razonable temer por la futura independencia del sistema electoral, justamente mientras nos acercamos a las elecciones del 2026.

Pero hay que recordar que una democracia no se define únicamente por la idoneidad de sus instituciones sino también, en un nivel fundamental, por su capacidad y voluntad de garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y en ese respecto, todo repaso, siquiera somero, a la realidad actual del país muestra, también, el desmantelamiento de la democracia y el avance del autoritarismo.

Las instancias en que se expresa el ataque a los derechos de la población son múltiples. Ya hemos comentado a lo largo del año, y corresponde seguir haciéndolo, las normas de impunidad por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de los años 1980 al 2000.

Esas normas dadas por el Congreso –una de ellas declarando la prescripción de crímenes imprescriptibles y la otra dictando una amnistía incondicional− constituyen no solamente un grave incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado sino también, y sobre todo, un insulto a miles de víctimas y sus familiares y una patente violación de sus derechos.

A todo ello hay que sumar una auténtica ráfaga de normas y acciones contrarias a los derechos humanos de la población y adversas al orden democrático. Esto incluye normas que afectan el derecho a la protesta, que buscan amordazar a los medios de comunicación, que intentan asfixiar económicamente e incluso incriminar a las organizaciones no gubernamentales, que favorecen el uso desproporcional de la fuerza pública contra manifestantes, que eliminan el enfoque de género y las políticas de diversidad y equidad en las políticas de Estado, que obstaculizan o de hecho impiden la persecución fiscal de la corrupción y otras formas de actividad criminal, y varias más.

Y como telón de fondo de todo ello subsiste la permanente amenaza de sustraer al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que significa, en la práctica, privar a la ciudadanía de una última instancia de protección judicial de sus derechos amenazados o de hecho vulnerados por el poder político en control del Estado.

Todo ello, como se ha dicho, pone en cuestión la supervivencia del régimen democrático, y esa ha de ser la gran preocupación del año que viene. Más allá de candidatos particulares y promesas específicas para las elecciones de 2026 la pregunta central, casi existencial, es si, en medio de ese jeroglífico populista que será la cédula de votación, el Perú será capaz encontrar a quienes, con sinceras convicciones democráticas y respeto al Estado de Derecho, pongan un alto a la deriva autoritaria en la que nos encontramos al cerrar el año 2025.

Editorial Instituto de Derechos Humanos de la PUCP